Así lo sostiene Santiago Orbe, abogado especialista en Derecho Internacional, “porque no puede ser posible que un asilado contradiga la palabra del Primer Mandatario, que ha sido electo en el país”.
El australiano escribió en Twitter que “¿quién está mal aconsejando a Lenín? Diciendo que no tengo permitido hablar sobre la política de ningún país y después calumniándome como hacker?”.
Fue su respuesta a las declaraciones del presidente Moreno, quien afirmó que Ecuador seguirá asilándolo, aunque critica que Assange sea un hacker. Además le pidió que respete su condición de asilado y que “no intervenga en la política ecuatoriana ni de países amigos”.
Orbe aclara que existe dos puntos a tener en cuenta: “por un mínimo de respeto Assange, debería ser cauto en sus declaraciones y en la práctica del orden político desde el territorio ecuatoriano.
Por otro lado, existen mecanismos jurídicos en los convenios y mecanismos internacionales que le obligan a ser prudente, a guardar silencio y a ser respetuoso de la voluntad jurídica que el Gobierno le ha manifestado”. El excanciller José Ayala Lasso acepta que Assange tiene derecho a la libre expresión, pero debe cumplir con sus obligaciones como asilado político.
Recuerda que Ecuador le dio el beneficio pese a que le acusaban de delitos comunes. El diplomático indica que el mismo Gobierno “le dio un tratamiento que no correspondía para nada y los frutos están produciéndose”.
Al permitirle dar ruedas de prensa o entrevistas, le permitieron actuar de forma irrespetuosa e indolente inclusive con el Presidente. Ayala agrega que el Gobierno debe advertirle que si no cumple con sus obligaciones su condición de asilado en la embajada terminará.
Ambos expertos coinciden en que las opiniones de Assange y publicaciones de Wikileaks han tenido serias consecuencias en la política internacional, por lo que se requiere que el Estado actúe. El australiano lleva casi cinco años asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres.
El 17 de octubre de 2016, el Gobierno le restringió el acceso a Internet, luego de que Wikileaks difundiera los emails hackeados de la cuenta de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton. El Gobierno aceptó que las filtraciones tenían un impacto en la campaña y recordó que Ecuador respeta el principio de no intervención en la política de otros países.
