Ángel Gende, vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, señaló que la Comisión tiene la facultad legal de llamar a funcionarios públicos e incluso al Ejecutivo como un acto de rendición de cuentas y no como un juicio político. Además, informó que le harán llegar al vicepresidente, Jorge Glas, una copia de la resolución de comparecencia y el banco de preguntas, resaltando su obligación moral y ética ante los ecuatorianos.
Gende destacó que tanto la Constitución de la República en el artículo 120, numeral 9, como el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, facultan a la Comisión de Participación Ciudadana a solicitar la comparecencia a fin de dar a conocer a la ciudadanía en general los pormenores y hechos del caso de Odebrecht en Ecuador.
Finalmente, el asambleísta indicó que esta resolución es un acto de corresponsabilidad en apoyo a la lucha contra los actos de corrupción en el país.
