En una carta divulgada el jueves, los nueve magistrados del más alto tribunal colombiano le pidieron a Whitaker ceñir su actuación a la Convención de Viena, que en su artículo 41 prohíbe a los diplomáticos ‘inmiscuirse en los asuntos internos del Estado’ donde actúan. “Rechazamos que un agente diplomático de un país amigo nos reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de nuestro ejercicio soberano como magistrados”, indicó la misiva.
La controversia surgió luego de que el pasado 31 de mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenara la libertad inmediata del excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Julio Enrique Lemos Moreno, quien había sido detenido dos meses antes en la noroccidental Medellín por estar por fuera del campamento de desarme donde le correspondía estar concentrado.
Lemos Moreno enfrenta en una corte de Nueva York cargos por el secuestro del empresario estadounidense Cecilio Juan Padrón, ocurrido el 4 de abril de 2008 en Panamá y atribuido a las FARC, que lo mantuvieron privado de la libertad durante 10 meses en Colombia y lo liberaron a cambio de un rescate.
Cuando el exinsurgente fue detenido, Estados Unidos lo solicitó en extradición, pero la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad porque el acusado se había acogido previamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia que procesará a los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos graves durante el conflicto.
Fuente: El Telégrafo
