Esto luego de dos noticias publicadas en Diario Expreso el pasado mes de febrero, en las que se exponía que siete funcionarios del Estado estarían involucrados en una red de coimas, manejada por la empresa de ingeniería Caminosca, para hacerse de contratos con el Estado.
El asambleísta Albornoz aseguró que dichas publicaciones fueron una táctica para dañar su imagen a pocos días del último proceso electoral que se vivió en el país, para evitar que consiguiera una curul en la Asamblea Nacional.
Por ello, el 1 de marzo de 2017 pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie las investigaciones correspondientes; solicitud en la que insistió el 3 de mayo. Ante ello, la Fiscalía inició un proceso de indagación previa, a cargo de la fiscal Silvia Juma.
Sin embargo, el pasado 6 de junio, durante la sesión 458 del pleno de la Asamblea Nacional, Jeannine Cruz, legisladora por la alianza CREO-SUMA, aseguró que tenía pruebas de pagos a funcionarios públicos por parte de Caminosca.
De igual forma lo hizo Ana Galarza, asambleísta por la alianza SUMA-VIVE, durante el programa Políticamente Correcto, el domingo 18 de junio. Dicha evidencia consistió en 39 fotocopias de un proceso de 132 hojas, que no fueron certificadas, ni apostilladas de algunas páginas del primer laudo arbitral parcial emitido por el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, establecido en Florida, Estados Unidos, con respecto al caso.
Albornoz calificó a este acto como “uso doloso de un documento, que induce al error a la justicia”. Además, aseguró que con ello se incurre a un fraude procesal y de opinión pública, al entregar “copias simples y mutiladas”.
Fuente: El Telégrafo
