Con 107 votos afirmativos y 18 negativos, la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves, 06 de julio de 2017; el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero pasado. Con esta normativa se prohíbe a funcionarios públicos y a candidatos de elección popular poseer bienes o capitales en los denominados paraísos fiscales.
El segundo debate de la normativa duró unas cuatro horas y se cerró cerca de las 20:00. La ponente del informe fue la oficialista Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia. Mientras que la moción de aprobación la hizo Verónica Guevara.
Esta iniciativa fue presentada por el expresidente Rafael Correa luego de que en las elecciones del 19 de febrero del 2017, el 52% de los ecuatorianos empadronados votaron a favor de establecer la prohibición legal para los funcionarios a través del denominado Pacto Ético. La votación generó división en los legisladores de la bancada de Creo-SUMA.
Los políticos cercanos a Creo y al excandidato presidencial Guillermo Lasso votaron en contra de la norma. Mientras que los legisladores de SUMA, cercanos al alcalde Mauricio Rodas, votaron a favor. Rodas es uno de los políticos que ha participado del diálogo con Lenín Moreno. Luego del debate, Aguiñaga incluyó varias observaciones en el texto final de la Ley.
Por ejemplo, en las excepciones de las personas sujetas a la norma se incluyó a todos los estudiantes y becarios ecuatorianos en países considerados paraísos fiscales. También se estableció que si la persona infractora no es destituida en el plazo de 10 días desde la notificación, lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría. Y será causal de destitución de la autoridad nominadora del funcionario.
En el artículo 9 de la ley se establece que en el caso de infracciones de los servidores públicos de elección popular, servidores sujetos a control político, jueces de la Corte Constitucional (CC) y de la Corte Nacional de Justicia la Contraloría remitirá el expediente con la destitución a la CC para que en 10 días se pronuncie sobre el cumplimiento del debido proceso.
En el caso del Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y los asambleístas, la CC deberá remitir el dictamen sobre el debido proceso a la Asamblea para que el Pleno ratifique la decisión de la destitución.
