En el documento que llegó al juez se dice que ha pasado el “tiempo suficiente para que las personas que actuaron equivocadamente y al margen de la ley hayan reflexionado sobre la falsa imputación de delitos”, en referencia a los integrantes de la Comisión.
En el 2015, los 10 comisionados presentaron una demanda en la Fiscalía tras detectar presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.
Según Anticorrupción, en ese proyecto se habrían cometido delitos como peculado y cohecho. Además, señalaron a funcionarios de la Prefectura de Pichincha, el Ministerio de Electricidad (Albornoz dirigía esa secretaría de Estado), Corporación Eléctrica del Ecuador, Odebrecht y Caminosca.
Albornoz, hoy asambleísta de AP, pedía en la querella una indemnización de USD 1 millón por cada miembro de la Comisión. Es decir, USD 10 millones.
El viernes pasado, Anticorrupción presentó otra demanda en contra de siete funcionarios ecuatorianos, por supuestos pagos ilícitos de Caminosca. Y señaló a Albornoz y al vicepresidente Jorge Glas.
