En su intervención, Jalkh señaló que el error inexcusable no es una figura etérea; por el contrario, precautela los derechos de los ciudadanos. Apuntó que su aplicación es competencia del CJ como órgano disciplinario y por mandato de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial.
En su exposición, el presidente de la Judicatura justificó las sanciones y presentó varios casos, incluso, donde estuvieron menores de edad de por medio. Explicó que existen tres formas para que el CJ conozca los casos de error inexcusable: por denuncia ciudadana, por queja o de oficio, pero que no todas terminan con destitución de jueces. Jalkh señaló que en 2016 hubo 439 denuncias; mientras en 2017, 360.
De estas últimas solo cinco tuvieron responsabilidad. «Este año, de 2.083 jueces que existen en el país, tan solo 5 fueron destituidos por error inexcusable. Es el 0,2%».
El funcionario también comparó esta figura y sus sanciones en países como España, Colombia, México y Costa Rica. Además, expuso que antes de que el CJ tome una decisión sobre un sumario disciplinario, al menos 14 abogados revisan el caso, entre ellos jueces.
Añadió que los servidores sumariados son notificados en el tiempo establecido y tienen derecho a presentar elementos de descargo.
Jalkh indicó que, desde la perspectiva de que la independencia no es privilegio de un juez, sino derecho de los ciudadanos, «estamos abiertos a un debate de altura, pueden quitarle la competencia si desean al Consejo, pero no le quitemos ese derecho a la ciudadanía».
Acotó que las leyes son malas para definir, de allí que llamó a que en la ley se ponga una definición de error inexcusable. «Ninguna legislación la tiene, está en la jurisprudencia», dijo.
También propuso que cuando el sumario hubiese iniciado por error inexcusable, a petición de los sujetos pasivos se realice una audiencia pública donde el peticionario exponga sus argumentos.
En los exteriores de la Asamblea se apostaron exjueces que solicitaban la destitución del titular de la Judicatura.
Mientras, el legislador Esteban Bernal (CREO) entregó un pedido de juicio político, al indicar que ha conseguido las pruebas suficientes. Habló de 40 denuncias y 15 pruebas testimoniales.
Fuente: El Telégrafo
