«Estos individuos están asociados con socavar el proceso electoral, con la censura de medios o con la corrupción en los programas de administración de alimentos en Venezuela», dice el documento.
El Departamento del Tesoro explica que la decisión llega después de las elecciones venezolanas del 15 de octubre, «que estuvieron marcadas por varias irregularidades que sugieren marcadamente que hubo fraude ayudado por el partido gobernante en la inesperada victoria de la mayoría de gobernaciones».
Contra los pronósticos de la mayoría de encuestas y analistas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo la victoria en 17 de los 23 estados tras las elecciones regionales de octubre en Venezuela, según lo comunicó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
12 países de América, agrupados en el llamado Grupo de Lima, pidieron una “auditoria independiente” de esos comicios. Lo hicieron “ante los diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades que caracterizaron las elecciones” regionales.
Las naciones que integran esta instancia multilateral –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú– pidieron este martes la «urgente» realización de esa auditoría, “con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos”.
Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no ha respondido de manera concreta al comunicado del Grupo de Lima, pero el canciller venezolano Jorge Arreaza sí ha dicho que las denuncias de fraude son inválidas y que «no hay excusas para desconocer» los resultados de los comicios.
Para el Gobierno venezolano, el abrumador triunfo del oficialismo fue la demostración de que en Venezuela la democracia está viva.
Según el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, los comicios demostraron que Venezuela “vive en una democracia plena” y “el chavismo está vivo, en la calle y triunfando”. Maduro también dijo que les tendía la mano a los 5 candidatos opositores que ganaron en sendas gobernaciones “para trabajar por la paz del país”.
Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que no reconocería los resultados dados por el CNE y que para hacerlo exigirán una auditoría total de todo el proceso electoral, algo que ya había ofrecido también Maduro.
El comunicado del Departamento del Tesoro dice que a pesar de las llamadas a auditoria, el Gobierno posesionó a los candidatos ganadores ante la «ilegítima Asamblea Constituyente ilustrando la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro».
Entre los sancionados están Ernesto Emilio Villegas, actual ministro de Cultura y exministro de Comunicaciones e Información. Esta es la lista completa:
1. Sandra Oblitas Ruzza, vicepresidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).
2. Socorro Elizabeth Hernández de Hernández, rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral.
3. Carlos Enrique Cuevas, rector alterno del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral.
4. Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente.
5. Julián Isaías Rodríguez Díaz, embajador de Venezuela en Italia
6. Ernesto Emilio Villegas, ministro de Cultura y exministro de Comunicaciones e Información
7. Jorge Elieser Márquez Monsalve, ministro de la Oficina de la Presidencia
8. Carlos Alberto Osorio Zambrano, presidente del Órgano Superior de la Misión de Transporte
9. Freddy Alirio Bernal Rosales, ministro de Agricultura Urbana
10. Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de la compañía de telefonía CANTV
“Vamos a mantener nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a funcionarios del Gobierno venezolano que son cómplices en los intentos de Maduro para socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión o de reunión pacífica o que participen en la corrupción pública, a menos que rompan con el régimen dictatorial de Maduro», dice el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, citado por el comunicado.
Por el momento el Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado.
En septiembre, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas restricciones de viaje a ciertos extranjeros de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen en reemplazo de una parte central de su polémica restricción de entrada a EE.UU, firmada este año.
Chad, Corea del Norte y Venezuela son los nuevos países en la lista de naciones afectadas. Las nuevas restricciones a los viajes varían de un país a otro e incluyen un enfoque gradual.
En el caso de Venezuela, la restricción es para funcionarios del Gobierno y no para todos los venezolanos.
El Departamento del Tesoro ya había emitido una amplia gama de sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios después de que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente.
Poco después, el Departamento del Tesoro congeló todos los bienes de Maduro sujetos a la jurisdicción estadounidense y les prohibió a sus ciudadanos que hicieran transacciones con él.
Además de Maduro, otros 13 funcionarios han sido sancionados.
Maduro es el cuarto gobernante sancionado por Estados Unidos: se suma a la lista compuesta por Kim Jong-un (Corea del Norte), Robert Mugabe (Zimbabwe) y Bashar al Assad (Siria).
Maduro cuestionó las razones de las sanciones en su contra a principios de este mes. «¿Por qué se me sanciona? Porque soy capaz de decir las verdades de las persecuciones contra los pueblos mexicano y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump, y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos», dijo.
El decreto estipula que todas las transacciones de una persona en EE.UU. o de un estadounidense con el Gobierno o PDSA estarán prohibidas, como adquirir nuevas deudas de más de 90 días con PDVSA, nuevas deudas con más de 30 días o comprar acciones del Gobierno de Venezuela.
En agosto, Trump también firmó un decreto prohibiéndoles a los bancos de EE.UU. comprar nuevos bonos del Gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. La orden también limita las transacciones con bonos existentes que sean propiedad del sector público venezolano.
«No nos quedaremos viendo mientras Venezuela se desmorona», dijo la Casa Blanca en el comunicado.
“Porque nos quieren agredir por la economía cuando el presidente Maduro hace más de dos años hablaba de la guerra económica no se le entendían, no le comprendían a que se refería, bueno aquí está, se están quitando las caretas, sanciones y más sanciones contra Venezuela…», dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez sobre las sanciones.
«No conocen a este pueblo no saben de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas, estamos hechos de amor, pero también de firmeza cuando se trata de defender la patria y nosotros aquí frente a nuestro libertador lo hemos jurado y lo juraremos por siempre cada minuto defender a Venezuela de cualquier tipo de amenaza imperial”, añadió.
El canciller de Venezuela Jorge Arreaza reaccionó desde la ONU.
«Las de hoy son las peores sanciones a Venezuela en 200 años», dijo.
Fuente: CNN en Español
