Así lo indicó la compañía Fuzhuo Honglong Ocean Fishery en un comunicado publicado este lunes 13 de noviembre del 2017, en la prensa escrita. Esta embarcación china fue capturada dentro de la Reserva Marina de Galápagos el pasado 13 de agosto, con cerca de 300 toneladas de pesca entre las que se encontraron especies consideradas en peligro, como tiburones.
En el comunicado, la compañía afirma que en primer lugar, se violaron los derechos humanos de los tripulantes del barco chino, porque “se los quiso acusar de una forma u otra, apresuradamente, sin contemplar sus derechos». A los acusados, aseguran, «les enervaron deliberadamente su derecho a la defensa, provocando la nulidad de todo lo actuado”.
Según se menciona en este escrito, también se cometió un “error” al escoger el procedimiento directo para el juzgamiento de este caso. La compañía asegura que la jueza Alexandra Arroyo, quien llevó este juicio, no debió utilizar el Procedimiento Directo, pese a la gravedad del hecho.
“El propio fiscal advirtió a la jueza que ella vulneró el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los tripulantes, al no identificar las circunstancias individuales de cada tripulante”, indica el comunicado, en el que también se afirma que la incautación del buque fue ilegal.
En octubre pasado, la empresa Inmobiliar entregó el barco a la Armada del Ecuador, en Jaramijó (provincia de Manabí). Allí se indicó que esta embarcación será utilizada con fines logísticos y operativos de vigilancia.
También realizará el servicio de carga. Mientras que los tripulantes de la embarcación china continúan cumpliendo su sentencia en el centro de rehabilitación El Rodeo, en Manabí.
Fuente: El Comercio
