El grupo rebelde más poderoso de América cuestionó la sentencia que avala el sistema al que se someterán exguerrilleros y militares señalados de cometer delitos graves en el marco del conflicto armado.
La jurisdicción de paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, podrán recibir penas alternativas a prisión.
Aunque la corte, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, avaló el sistema aprobado por el Congreso, las FARC consideró que introdujo en su fallo modificaciones al acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
«Desvertebra el concepto de JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) negociado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto. En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC», dijo el excomandante guerrillero Iván Márquez, en rueda de prensa.
Márquez criticó que la corte haya establecido que los civiles señalados de delitos graves solo asistan de forma voluntaria a los tribunales de paz, y ampliado el fuero a altos funcionarios y exfuncionarios para no ser juzgados bajo este sistema.
El fallo «no contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad», afirmó el dirigente, jefe negociador de la exguerrilla en los diálogos de Cuba.
Aunque la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) saludó que el tribunal declarara constitucional la JEP y el sistema de justicia, declaró un incumplimiento del Estado en la implementación del pacto y en lo firmado.
«Recurriremos a todas las instancias internacionales para que el acuerdo de paz se cumpla», indicó el excomandante Pablo Catatumbo.
Para entrar en vigencia, la jurisdicción especial deberá ahora ser reglamentada a través de una ley en el Congreso, que tiene una débil mayoría oficialista y donde la oposición de derecha cuestiona las que considera concesiones a los rebeldes.
El acuerdo de 2016 prevé en esencia que las FARC se desarmen, como ya ocurrió, y a cambio ejerzan la política tras décadas de un conflicto con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que también involucra a otras guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes.
Fuente: El Telégrafo
