¿El motivo? La actuación de Baca como juzgador fue recusada por los tres jueces penales, Esneider Ramiro, Gómez Romero, Wilson Rodrigo Caiza Reinoso y Juan Tenesaca Atupaña.
Según el Código Orgánico General de Procesos Penales (Cogep), en su artículo 22, hay 12 causales para solicitar la recusación de un juez.
Entre ellas que sea parte del proceso; haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa a ella; retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia; haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable, sobre el proceso que llega a su conocimiento; tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente o amistad íntima o enemistad manifiesta.
La recusación fue remitida ayer en la tarde. Esto implica que el TCE deberá sortear un nuevo juez para que lleve la causa. Los otros cuatro magistrados del Tribunal son Mónica Rodríguez, Arturo Cabrera, Vicente Cárdenas y Miguel Ángel Pérez.
La denuncia por la que se inició el proceso fue planteada por Gabriela Rivadeneira, como miembro de Alianza País, en contra de los jueces penales por una presunta arrogación de funciones en materia electoral. Esto por haber dictado las medidas cautelares que impiden la inscripción de una nueva directiva nacional de Alianza País, especialmente la que cuenta con Ricardo Patiño como presidente nacional y Rivadeneira como segunda vicepresidenta.
Así mismo, los jueces dieron de baja todas las decisiones tomadas en la reunión de la facción correista del oficialismo, en su directiva del 31 de octubre, donde retiraron a Moreno del cargo de presidente nacional de la agrupación. Esto se da mientras el presidente vitalicio de Alianza País, Rafael Correa, está en el país, recorriendo las provincias para convocar a la convención nacional de este domingo 3 de diciembre, en Esmeraldas.
Sin embargo, esa convención no tendrá validez legal, ya que las medidas cautelares siguen en pie y Moreno sigue siendo el titular de la organización política.
Por lo tanto, Patiño no tiene la potestad de convocar a la convención y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco podría enviar un delegado para que avale la legitimidad de lo actuado este fin de semana, así como lo indicó ayer la consejera Ana Marcela Paredes.
