Los allanamientos y el testimonio inicial de José Nero fueron claves para que la Policía avanzara en la investigación por la muerte de Emilia. En uno de los locales intervenidos, los agentes descubrieron videos “con contenido sexual explícito”. Eso hizo que la investigación apunte a la trata de menores con fines de pornografía infantil (también se investiga violación y asesinato).
De acuerdo con las primeras investigaciones, la supuesta organización delictiva que estaría detrás de este hecho tenía como cabecilla a una persona de Quito, a la que se le conocía con el alias de ‘10’. Hasta el viernes 22 de diciembre, la investigación policial señalaba que este sospechoso operaba desde la capital y tenía contactos en otras ciudades del país para ejecutar pornografía con niños.
El Ministerio del Interior señaló que entre el 2003 y este 2017 se registraron 340 delitos de este tipo. Uno de los últimos casos denunciados ocurrió en agosto, en Guayaquil. Allí se hallaron fotos y videos de tres menores, que apenas tenían entre 12 y 15 años. Las niñas aparecían sin ropa. En el Ecuador, la pornografía infantil está tipificada en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal.
En esa normativa se dice que quien fuese hallado culpable en casos de pornografía que involucre a niños, niñas y adolescentes irán a la cárcel de 13 a 16 años. Por el caso de Emilia, la Fiscalía de Loja pedirá 40 años de prisión para los responsables. Este pedido se debe a que hubo más de un delito: trata, violación y muerte. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal que sigue la causa se apoyó en información proporcionada por Nero, quien el jueves fue hallado sin vida en la cárcel del Turi.
