Una de las conclusiones generales dice: “Ecuador todavía enfrenta graves problemas en materia de derechos humanos, como normativa que otorga al gobierno amplios poderes para coartar la libertad de expresión; limitada independencia judicial; condiciones de detención deficitarias; e importantes restricciones en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de la salud reproductiva”.
Sobre la libertad de expresión la HRW recuerda que el presidente Lenín Moreno ha manifestado que respetará la libertad de prensa y “terminó con la práctica de su predecesor de amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y críticos”.
Así como designó un nuevo equipo para dirigir los medios de comunicación públicos. Pero señala que sigue vigente la Ley Orgánica de Comunicación, desde 2013, que concede al Gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión.
Y recuerdan que, al momento de la preparación de este informe, aún no se ha implementado un plan de Gobierno para reformar la ley. La Superintendencia Comunicación (Supercom) ha reducido notablemente la cantidad de sanciones impuestas desde que asumió Moreno, apunta la HRW.
Pero el uso de acciones penales por difamación sigue siendo un instrumento fuerte para castigar a quienes critican al Gobierno, a pesar de una reforma de 2014 que limitó la definición de este delito.
La HRW recuerda que el expresidente Rafael Correa, su partido político, medios de comunicación estatales y organismos estatales “han intentado en varias oportunidades utilizar la legislación estadounidense sobre derechos de autor para conseguir que se bajaran de Internet imágenes y documentos críticos”.
Sobre la libertad sindical y de asociación, la HRW destaca que en octubre, el presidente Moreno reemplazó el decreto 16 de Correa por uno nuevo que limita algunas de sus disposiciones imprecisas, pero mantiene fundamentos ambiguos para disolver organizaciones de la sociedad civil.
Sobre la independencia judicial, la ONG señala que durante años “la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador”.
Y recuerda que, en agosto, se filtraron mensajes de correo electrónico que sugieren que el expresidente Correa, su secretario privado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia presionaron a jueces, fiscales y defensores de oficio para que tomaran ciertas decisiones en varias causas judiciales.
Y que Correa “no negó la autenticidad de estos mensajes y afirmó que ‘cumplía con [su] deber’”. Sobre la persecución a líderes indígenas, la HRW cuenta que, en junio, el presidente Moreno indultó a cinco ciudadanos de Pastaza que habían sido condenados a prisión entre 6 y 12 meses por el delito de “resistencia” y un sexto activista de Morona Santiago también fue indultado.
En julio, un tribunal sobreseyó a 12 miembros del pueblo indígena Saraguro que habían sido acusados de interrumpir servicios públicos en 2015. Pero recuerda que en mayo, la Conaie presentó una propuesta a la Asamblea Nacional solicitando que se otorgara amnistía a favor de casi 200 miembros de pueblos indígenas que, según sostienen, han sido procesados de manera arbitraria.
En noviembre la Comisión de Justicia del Congreso recomendó que se archivaran todos los pedidos, salvo el caso de una persona que sigue siendo analizado.
Entre los otros puntos que analiza la HRW están las condiciones en centros de detención, los juicios por abusos del pasado, los derechos reproductivos, la violencia sexual contra niños y niñas, la orientación sexual e identidad de género, los actores internacionales clave y política exterior.
