Hoy se cumple un año más de los acontecimientos ocurridos en las afueras del Regimiento Quito, conocido como ‘30S’, donde un grupo de elementos de la Policía protagonizó una violenta sublevación. Después de 7 años, 25 casos continúan en las salas de la Corte Nacional de Justicia.
En la mañana del 30 de septiembre de 2010, el país iniciaba sus labores con flashes informativos sobre el malestar en los elementos de la tropa de la Policía Nacional, que protestaban contra la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) aprobada por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2010. Según el cuerpo legal, la Policía y los militares serían integrados a la Losep.
Las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron asignadas al ámbito del Ministerio de Educación y sus servidores adscritos al sistema educativo público. La visita y posterior intervención que realizó el expresidente Rafael Correa provocó reacciones de ambos lados y, lejos de que se calmen los ánimos, hubo intentos de agresión y otros actos violentos. En el enlace ciudadano del 2 de octubre se afirmó que el 30-S fue producto de un complot planificado por la oposición para derrocarlo.
Esta misma aseveración fue respaldada por organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformó una comisión que emitió un comunicado en enero de 2012 en el que declaraba que los hechos “constituyeron un intento de desestabilización política y una amenaza al orden constitucional y democrático”.
