Arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucaram y prisión preventiva para los tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. Ese fue el resultado que determinó una jueza de Pichincha luego casi cinco horas de audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada.

Créditos: El Telégrafo

La audiencia se realizó desde la Unidad de Flagrancia de Quito, ubicada al norte de la urbe, pues esta ciudad sería la jurisdicción caso debido a que fue donde se habrían cometido los hechos investigados por la Fiscalía, entre los que están la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal por parte de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, la adulteración de documentos diplomáticos y la suplantación de identidad.

La audiencia se instaló minutos después de las 02:00 de este jueves y fue realizada de manera mixta, es decir, los procesados en Quito lo hicieron de forma presencial, mientras que el expresidente lo hizo de forma telemática desde el Cuartel Modelo en Guayaquil.

El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal señala sobre el delito de delincuencia organizada: “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años”.

Si tiene como como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La disposición de arresto domiciliario para el expresidente se suma a la medida de uso de grillete electrónico que se le ordenó en otras dos causa en las que es procesado. Aparentemente los agentes de la AMT a quienes se les inició una instrucción fiscal de 90 días, serán llevados inicialmente a la Cárcel de El Inca.

Harrison Salcedo, abogado de los tres agentes de la AMT, calificó de arbitraria e injusta la decisión de la jueza contra sus clientes de quienes dijo son inocentes. Afirmó que la jueza al ser de Flagrancia no tenía la competencia para conocer el pedido de formulación de cargos hecho por la Fiscalía.

Nota Original: El Universo – LINK