En declaraciones a Diario EL TELÉGRAFO, el defensor legal del Segundo Mandatario indicó que la acusación se realizará en la Fiscalía General del Estado, en Quito. Franco Loor advirtió que se encuentra en Guayaquil, no obstante, otro abogado acudirá para este trámite.
A decir de la defensa de Jorge G., su denuncia procederá debido a que durante el proceso legal, el magistrado «violó flagrantamente» las normas del proceso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), concretamente los artículos referentes al prevaricato. «Cuando los jueces no observan las normas legales y no actúan conforme a derecho, son prevaricadores», dijo.
El jurista no especificó el contenido de la denuncia, pero adelantó que este documento apela a varios artículos del código, entre estos el 542 que habla sobre los casos de incumplimiento de medidas cautelares.
Reiteró que, a pesar de lo que estimó el juez Jurado, el segundo mandatario no salió del territorio ecuatoriano. «El vicepresidente nunca incumplió la prohibición de salida del país, solo cuando hay un incumplimiento puede cambiarse la medida cautelar que es la prisión preventiva.
Allí hay una actitud negligente y dolosa de perjudicar e inobservar normas del debido proceso», expresó. Franco Loor también se refirió a la recusación (impugnación) en contra de Jurado. Explicó que la medida fue solicitada debido a que el magistrado «no es imparcial». «(Jurado) no es una persona idónea para conocer la etapa evaluatoria de juicio porque ya tiene un criterio», dijo.
El abogado esperará que este pedido se resuelva a lo largo de la presente semana y que el caso sea conocido por otro juez. «El proceso no puede paralizarse», advirtió. La tarde de ayer, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó el recurso de habeas corpus para el segundo mandatario.
Los magistrados señalaron que la orden de detención emitida contra Jorge G. es legal y que no se ha violado ningún derecho del procesado. Sobre esta resolución, el abogado adelantó que apelará la decisión del tribunal.
Para ello, dijo, esperará a que se notifique por escrito, para actuar en conformidad con la ley. Mientras estos plazos proceden, Jorge G. continúa detenido en la cárcel N°4, al norte de Quito.
El vicepresidente y otras 17 personas se encuentran procesadas, por presunta asociación ilícita dentro del caso ‘Odebrecht’.
