Juan Pablo Albán, abogado del Alcalde Jorge Yunda, aseguró que la instrucción fiscal sobre el proceso penal por posible peculado en contra del Burgomaestre está expirada y legalmente no se podría vincular a más funcionarios por la compra de pruebas de Covid-19, por parte de la Secretaría de Salud a inicios de la pandemia.

Créditos: El Comercio

En NotiMundo a la Carta, el abogado del Alcalde Jorge Yunda, Juan Pablo Albán, explicó que la Corte Constitucional le negó el pedido a Fiscalía de emitir prisión preventiva al alcalde porque no tenía argumentos que lo justifiquen.

Albán explicó que la anterior Secretaría de Salud de Quito es la institución que condujo el proceso de compra de los tests, más no los nuevos funcionarios, ni el burgomaestre de la ciudad. “La Fiscalía no tiene mucha coherencia en su argumentación”, manifestó Albán.

Añadió que el organismo de derecho público tendrá 30 días para “recomponer” sus acusaciones y por su parte, ellos dispondrán el mismo tiempo para acreditar el estado de inocencia a Jorge Yunda. Este 16 de febrero, la Corte Constitucional dispuso para el Alcalde la presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico.

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