La Embajada de Ecuador en Madrid informó que participan en esta diligencia el jefe de la misión diplomática ecuatoriana en ese país ibérico, Miguel Calahorrano, acompañado de la viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta, y de la abogada Cynthia Favero, representante del despacho jurídico Abogados Sin Fronteras.
Según la fuente, la abogada Favero, del despacho jurídico contratado por la Embajada para la defensa de los afectados, dijo que la querella comprende a 612 ciudadanos, 412 que han otorgado un Poder especial para la querella y 200 que han aportado documentos como denuncias y albaranes de los envíos realizados.
“La querella ha sido entregada a la procuradora para su presentación, esperamos que en un plazo estimado de 1 a 3 meses la Audiencia se pronunciará sobre su admisión”, apuntó.
Aclaró, además, que es provisional la cifra inicial de 612 ciudadanos querellantes, porque se conoce que dicha empresa operaba en varias ciudades del territorio español e incluso recogía paquetería en otros países, por lo que más adelante se informará del proceso que deberán seguir los interesados, una vez ésta haya sido admitida por la Audiencia Nacional.
Indicó que el perjuicio que refleja la demanda supera, por el momento, el millón de euros, contra esta compañía, la cual fue creada en España y era gestionada por dos ciudadanos de origen ecuatoriano.
Por otra parte, refirió que el proceso de entrega de las mercaderías identificadas en la nave de OGC en Palma de Mallorca se consiguió en coordinación con la Embajada y la policía española, de los que ya se devolvieron 75 de los 79 paquetes que estaban en la nave y solo quedan cuatro que están en proceso de localización de sus propietarios.
Para inicios de noviembre se iniciará similar proceso con la mercadería situada en la nave de Madrid.
El Embajador Calahorrano destacó que si bien éste es un caso “entre particulares”, desde el primer momento la Embajada antepuso la protección de los derechos de sus ciudadanos y contactó con la Cancillería para recibir instrucciones de cómo proceder ante esta posible estafa masiva.
“El 19 de marzo anunciamos a los afectados de que pondríamos un servicio jurídico para asistirlos, hemos estado y estamos en permanente contacto con ellos para informarles de los avances del caso, incluso facilitamos una reunión de los perjudicados con el Fiscal Galo Chiriboga en el mes de marzo, quien inmediatamente dio inicio a un proceso contra la empresa en Ecuador y solicitó a la Fiscalía española iniciar las investigaciones pertinentes”, apuntó.
Al respecto, la Viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta, quien preside en España el Taller de Cónsules de Ecuador en Europa, señaló que para el gobierno nacional ecuatoriano es una prioridad la atención a sus ciudadanos en el exterior y velar constantemente por sus derechos.
“Actualmente se está analizando junto con la Aduana un método que pueda orientar a los ciudadanos a la hora de elegir las empresas con las que trasladarán su menaje de hogar precisamente para prevenir que se repita este tipo de situaciones”, apuntó.
El caso se destapó a inicios de este año, cuando ecuatorianos migrantes denunciaron que sus paquetes no habían llegado a su destino, ante lo cual la Cancillería tomó cartas en el asunto y contrató un servicio jurídico de asesoramiento gratuito a los afectados.
Como resultado del proceso iniciado, en julio pasado la Fiscalía ecuatoriana ordenó la detención de siete personas implicadas y comunicó el registro de 1.500 denuncias, mientras en España se receptaron otras 3.231.
Además, la coordinación entre Cancillería, Aduana y Fiscalía permitió el inicio del proceso de devolución de paquetes que ingresaron a Ecuador bajo la figura de menaje, al tiempo que en Palma de Mallorca y en Madrid este paso comenzó en octubre y se prolongará hasta noviembre.
