La jueza Gloria Mayorga Velarde, de la Unidad Judicial de Infracciones Flagrantes de la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, admitió a trámite la acción de protección presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del Ministerio del Trabajo.
Abad interpuso el recurso luego de que la cartera de Estado anunciara la apertura de un sumario administrativo en su contra. Y solicitó una medida cautelar con el fin de frenar una posible destitución.
Sin embargo, la jueza Mayorga resolvió negar la medida cautelar, argumentando que el inicio de un procedimiento, independientemente de su naturaleza, no puede considerarse, por sí mismo, una violación grave e inminente de los derechos constitucionales.
A pesar de esta negativa, la acción de protección sigue su curso. La audiencia pública se fijó para el 26 de septiembre de 2024 a las 13:30 horas, en esa Unidad Judicial.
El proceso se desarrolla en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y la vicepresidenta (enviada en misión de paz a Israel y luego trasladada a Turquía), que acusa una persecución política.
Contexto del proceso
El sumario administrativo iniciado por el Ministerio del Trabajo contra Abad se fundamenta en el artículo 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que establece la destitución por abandono de cargo. Según el Ministerio responde a una falta de cumplimiento de las funciones asignadas.
La vicepresidenta, a través de sus abogados, alega que el proceso se inició de forma apresurada y bajo una normativa creada en menos de 24 horas, lo cual, según su demanda, vulnera principios constitucionales y amenaza tanto su derecho al trabajo como la estabilidad institucional del país.
En el auto emitido este sábado 21 de septiembre de 2024, la jueza avocó conocimiento de la acción de protección, declarando que cumple con los requisitos previstos en la Ley.
Además, ordenó la notificación de las autoridades demandadas: la ministra del Trabajo, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, y la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio, Ruth Estefanía Espinoza Avilés.
Negadas medidas cautelares
Abad solicitó una medida cautelar para suspender el sumario administrativo mientras se resuelve la acción de protección, argumentando que su destitución representaría un «grave atentado a la institucionalidad democrática del país».
Según la vicepresidenta, el proceso administrativo en su contra es parte de una «animadversión» por parte de la ministra del Trabajo y se sustenta en una normativa apresurada que busca removerla del cargo de manera ilegal.
No obstante, la jueza decidió negar de momento la solicitud de medidas cautelares, señalando que no se cumplen todos los requisitos legales para su concesión.
Aun así, las pruebas y argumentos de ambas partes serán revisados en la audiencia del 26 de septiembre, donde se determinará la procedencia o no de la acción de protección.
Implicaciones del caso
La resolución del caso podría tener amplias repercusiones políticas y legales, a pocos meses de una campaña electoral en la que el presidente de la República, Daniel Noboa, buscará la reelección (y tendría que dejar el encargo a su vicepresidenta).
En su demanda, Abad sostiene que, de ser destituida, se establecería un precedente peligroso para la democracia ecuatoriana, permitiendo que autoridades administrativas puedan remover a funcionarios electos, como la vicepresidenta, sin un juicio político.
Además, el caso plantea interrogantes sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y la independencia de los procesos administrativos en el contexto político actual, según la defensa de la funcionaria.
Fuente: Primicias – Nota original
