Ricardo Torres, portavoz del grupo, señaló hoy que hay «evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones» en el basurero de Cocula, en el sureño estado de Guerrero, y de que allí fueron incinerados «al menos 17 seres humanos adultos».
En un mensaje a los medios de comunicación, destacó que el grupo puede establecer si hubo «una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos», solo a través «una prueba a gran escala».
Por ello, el grupo acordó «realizar más pruebas las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos».
Los resultados de estas pruebas, informó Torres, «serán dados a conocer en su momento».
El grupo está conformado por seis expertos en fuego de diferentes países, entre ellos el peruano José Torero, quien hizo un peritaje previo a solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En ese estudio, Torero concluyó que es imposible que los jóvenes fueran incinerados en el basurero, contradiciendo la versión oficial presentada por el Gobierno a principios del 2015.
Durante seis semanas, los seis expertos analizaron si las condiciones contenidas en testimonios y estudios periciales realizados con anterioridad permitían determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en el basurero, indicó el subprocurador Eber Betanzos.
Según la versión oficial, rebatida por los familiares de los desaparecidos, los estudiantes fueron entregados por policías la noche del 26 de septiembre de 2014 a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el vertedero.
En las últimas horas del jueves, cuando acababa el plazo establecido, el grupo colegiado entregó los primeros resultados de este nuevo peritaje a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en un sobre cerrado.
Otro peritaje realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) destapó en febrero pasado la falta de consistencia «entre la evidencia científica y testimonial», por lo que se determinó que la incineración no pudo producirse.
En Cocula no se rescató ninguna evidencia «biológica ni no biológica» que probara que hubiera una incineración en masa de la magnitud y la duración requerida, afirmaron entonces los argentinos.
