«De concretarse (el recorte) se ocasionaría un gravísimo e irreparable daño a la educación nacional. El estado de emergencia en modo alguno los autoriza a violar los principios y garantías constitucionales». En una reunión, efectuada ayer, viernes 1 de mayo del 2020, los rectores de los centros de educación superior, decidieron enviar un comunicado. En el documento recuerdan que desde el 2015 no se han incrementado los recursos presupuestarios de las instituciones del sistema de educación superior.
«Es más, en los presupuestos del 2019 y 2020, pese a los acuerdos establecidos con el Ministerio de Finanzas se han realizado recortes a las rentas de varios centros», señala la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. Y advierte que esa disminución tendrá una enorme connotación social pues aparte de imposibilitar el cumplimiento de los procesos institucionales conduciría a la desocupación de miles de colaboradores.
A Flourish chart La Asamblea anunció que se conformará una comisión de juristas de las instituciones de educación superior para analizar la opción de recurrir a instancias legales que la Norma Suprema y la Ley prevén para precautelar la vigencia del Estado de derechos. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinella Muñoz, confirmó a EL COMERCIO, que a la Politécnica Nacional, en esta ocasión, se le reducirían USD 4,4 millones. Eso equivale al 5% de su presupuesto.
Pero ella cuenta que en el 2019 ya les recortaron otro 9%. «Pedimos a las autoridades analizar la situación que vivimos, sabemos que estamos en emergencia sanitaria. Pero una decisión así afectará directamente en la nómina; nuestros profesores ocasionales a lo mejor no podrían seguir contratados. Estamos haciendo una evaluación económica.
Nadie nos comunicó lo que sucedería. Nos enteramos abruptamente de la noticia, ayer, cuando nuestros propios sistemas financieros alertaron de que nos habían debitado unos valores con los que contábamos». La Rectora de la Politécnica Nacional, de Quito, solicita que se tome en cuenta que pese a las crisis siempre se deben respetar los presupuestos de salud y educación.
«Hay que cuidar de estos servicios porque son fundamentales. Hay que preservar la posibilidad de que estudiantes, de todos los niveles, puedan seguir capacitándose. Universidades y politécnicas hemos colaborado con el país en esta emergencia, por ejemplo nosotros organizamos un curso de capacitación para 9 000 maestros, para apoyar al Ministerio de Educación. Además pusimos a disposición del Comité de Operaciones de Emergencia un modelo matemático.
Otros centros están apoyando desde sus carreras de salud, incluso con infraestructura». La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se pronunció. «Frente al recorte presupuestario, unilateral e incongruente, del 1 de mayo, efectuado por Finanzas, el cual suma la cantidad de USD 98 210 190,78 y afecta a 32 entidades de educación superior, manifestamos nuestro desacuerdo. Consideramos que existen alternativas frente a la crisis y que la educación superior es motor para superar duros momentos, se requiere más inversión para investigar y afrontar mejor la situación.
La FEUE denuncia la violación de los artículos 26, 28, 39, 82, 229, 298, 326, 328, 349, 351, 355, 356, 357 y en especial el 165, que indica que durante el estado de excepción el Presidente únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de asociación y reunión, de información, en los términos que señala la Constitución.
También declarar la recaudación anticipada de tributos, destinar fondos públicos que eran para otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. «Exhortamos a los Colegios de Abogados, Federación Nacional de Abogados y grupos de académicos a demandar en instancias legales la violación a la Constitución».
Este Diario buscó al presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, pero no estuvo disponible en su celular. Otros académicos como Juan Ponce, de la Flacso, han indicado que el recorte al Ministerio de Educación y a las universidades suma USD 398 millones. «Monto similar a lo pagado por bonos de la deuda en medio de una crisis humanitaria».
Ayer la Red de Maestros manifestó su preocupación porque algunos docentes y miembros de Departamentos de Consejería Estudiantil estaban siendo notificados con cartas de terminación de contrato, en el régimen Sierra y Amazonía. EL COMERCIO espera la respuesta de la Cartera de Educación, tras un pedido enviado el jueves.
Nota Original: El Comercio – LINK
