La crisis en Venezuela avanza a pasos agigantados. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicados esta semana, se espera que la inflación en el país bolivariano aumente 481% este año y un 1624% en 2017.
En el ámbito laboral, el panorama no es muy alentador. El FMI predice que Venezuela tendrá una tasa de desempleo del 17% en 2016 y del 21% el próximo año. En enero pasado, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que la inflación había aumentado un 141% en el año que terminaba en septiembre, lo que significa que los precios de bienes de primera necesidad como la leche y el azúcar son demasiado elevados.
Es que el valor de la moneda en Venezuela parece ir en picada. En el mercado negro, donde la mayoría de ciudadanos cambia sus dólares por bolívares, un dólar equivale a 1.125 bolívares, lo que hace un año equivalía a 258. La caída de los precios del petróleo sólo ha empeorado la situación, pues Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta y aproximadamente el 95% de sus exportaciones son petroleras.
Por si fuera poco, se presenta una fuerte crisis en el sector energético venezolano. Ante ello, Nicolás Maduro decretó que los viernes de abril y mayo no serán laborables en el sector público, para así reducir el consumo de electricidad. Esto como parte de un plan especial de ahorro en consumo eléctrico que deben cumplir familias y empresas por 60 días.
La oposición del país rechazó esta medida y criticó al Primer Mandatario, asegurando que el responsable de la crisis eléctrica es el Gobierno, pues, según ellos, no realizó las medidas de mantenimiento, planificación e inversión que implicaba el anunciado fenómeno de El Niño.
Pero las tensiones no sólo se dan en torno a la difícil situación económica por la que atraviesa, sino también por el ambiente político dividido en el país. Durante esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, con la que los opositores planeaban exonerar de responsabilidad a decenas de políticos presos. Por ello, con el voto de la oposición, que ocupa 109 de los 163 escaños de la Asamblea, se aprobó un acuerdo en rechazo a la sentencia en contra de la iniciativa del Legislativo. El mismo condena «las actuaciones de los magistrados en su afán de darle la espalda al pueblo venezolano y contravenir la voluntad popular», según el escrito leído en el Pleno.
El diputado opositor Freddy Guevara, que dirige el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, uno de los políticos encarcelados, se refirió al máximo tribunal como «un asco, un TSJ que no está lleno de magistrados sino de unas personas que se han decidido arrastrar al partido del Gobierno».
Para el opositor, el veto a la ley es «ponerse de espalda» a los venezolanos, ya que la ley de amnistía forma parte de las promesas de campaña que hicieron los opositores para las legislativas.
Por su parte, la bancada oficialista manifestó su rechazo al acuerdo de la oposición, al tiempo que dio su respaldo al Supremo venezolano tras la declaración de inconstitucionalidad a la norma impulsada por los opositores. «La sentencia del TSJ sencillamente viene a ratificar el carácter de respeto y protección a la Constitución y a la democracia, era sabido por los diputados de oposición que la ley viola artículos de la Constitución», dijo ante el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.
La tensión se aumentó. Un día después de tomada esta decisión, Maduro instaló la Comisión por la Verdad para investigar los hechos violentos de los últimos años. La comisión se juramentó con la participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero con la ausencia de los opositores que señalaron la iniciativa como una medida del ejecutivo para «lavarse la cara» tras el veto de la ley de amnistía.
