Según un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Brand Ulloa será acusado de los delitos de «conspiración, asociación, violencia de género (física) y ultraje al funcionario: motivado a las agresiones que les propinó a varias mujeres policías y militares».
El funcionario dijo que las acusaciones surgen de la presunta participación del colaborador de Machado durante unos «hechos violentos» que tuvieron lugar en el estado el 15 de enero, en lo que calificó como un «plan inicial» para ejecutar acciones terroristas en el país, aunque no dio más detalles al respecto.
Según el fiscal, Brand Ulloa había sido citado a comparecer ante un despacho fiscal por el incidente y no se presentó, por lo que se giró una orden de captura en su contra.
CNN trabaja para conocer el paradero de Brand Ulloa, si cuenta con representación legal y cómo se declara ante las acusaciones.
El anuncio del fiscal surgió horas después de que Machado denunciara en la misma red social que su colaborador había sido «secuestrado».
«Exigimos una firme reacción de todos los actores nacionales e internacionales que apoyan una verdadera elección presidencial en Venezuela», agregó la opositora.
Machado y el movimiento político Vente Venezuela han denunciado el arresto de al menos cinco colaboradores en lo que va del año, sin que las autoridades venezolanas se hayan pronunciado públicamente al respecto hasta este sábado.
Según los abogados de Vente Venezuela, los arrestos son parte de una persecución política y los detenidos se han declarado inocentes de las acusaciones en su contra, aunque tampoco las han hecho públicas.
Este sábado, la opositora dijo en Twitter: «Hace 47 días secuestraron a nuestros directores de los Comandos de Campaña de los estados Trujillo, Vargas y Yaracuy, quienes hoy están presos en El Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina», aunque no presentó pruebas de esa acusación.
CNN intenta también obtener comentarios con la fiscalía ante las denuncias de la opositora y de Vente Venezuela.
Machado fue inhabilitada para buscar la candidatura presidencial por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, luego de que la Contraloría General de Venezuela impusiera una medida contra la dirigente opositora por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. Machado insiste en que la inhabilitación es ilegal y ha continuado recorriendo el país haciendo campaña contra el oficialismo.
Venezuela tiene previsto realizar elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.
