La propuesta nace, porque existe un número importante de deudores que no pudieron acogerse a sus beneficios, o porque habiéndolo hecho, las circunstancias económicas no resultaron favorables ni previsibles para honrar sus pagos con la aplicación de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.
El Presidente de la República, Rafael Correa, ante la realidad de los deudores con real intención de pago, considera necesario viabilizar el camino para que puedan honrar sus obligaciones y cerrar definitivamente este capítulo calificado como nefasto para ellos.
A través del cuerpo legal, se propone generar incentivos especiales para el desarrollo de actividades productivas, de tal manera que el pequeño o mediano productor, pueda continuar su actividad, sin que exista de por medio la carga de obligaciones crediticias originadas en la crisis de 1999.
El Mandatario también precisa, que es de vital importancia dar un respiro a la difícil situación por la que atraviesan los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agro productivas y de pesca artesanal, deudores del Banco Nacional de Fomento, en liquidación, para lo cual se establece una remisión de los costos, gastos, recargos e intereses de mora de sus operaciones de crédito y la posibilidad de que dichas deudas las reestructure o refinancie el liquidador de la entidad.
Se establece un marco legal que se adapte a la realidad que viven estos grupos de la población, perjudicados por la crisis bancaria y a través de la ampliación del plazo de los beneficios de la Ley de Banca Cerrada y flexibilización de sus condiciones, por tanto, se viabiliza la posibilidad de la cancelación de tales obligaciones, facilitando a los deudores reinsertarse en el quehacer productivo nacional y que permita a los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agro productivas y de pesca artesanal, que son deudores del Banco Nacional de Fomento, en liquidación, honrar sus obligaciones en condiciones más favorables en cuanto al monto y plazo para su pago.
Propone reformar el marco legal pertinente, para que se pueda subastar más rápidamente la mercadería en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y para mejorar los procesos de levantamiento del velo societario, en casos de ejecución coactiva, a efectos de evitar el cometimiento de injusticias.
