Con 83 votos a favor, de 105 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución de solidaridad con Julian Assange, propuesto por la asambleísta María Augusta Calle. La aprobación llegó luego de un intenso debate al interior del Pleno del Parlamento, en el que se habló de lo que establece la Constitución del país en cuanto a los derechos de asilo y refugio.

Asamblea

María Augusta Calle aseguró que existe una fuerte evidencia de que a causa de la información divulgada a través de 250 mil cables diplomáticos que salieron a la luz en los medios de comunicación del mundo, sobre el espionaje y manejo irrespetuoso de la soberanía de varios países que se ejercía desde el gobierno de Estados Unidos, la vida de Assange corre peligro. “Los tribunales de Suecia le negaron la oportunidad de defenderse al impedirle que declare. Eso es persecución y bajo esa premisa toda persona tiene derecho a solicitar asilo en cualquier país del mundo”, dijo María Augusta Calle.

Propuesta legítima

También hubo quienes se mostraron en contra de la resolución por considerar que no tiene validez. Sin embargo, el asambleísta Diego Vintimilla, fue enfático al decir que no hay que ponerle peros al cumplimiento absoluto y radical de los derechos humanos y aseguró que se trata de una propuesta que tiene legitimidad absoluta. “No tiene ninguna acusación formal, tres de las cuatro causas ya no tienen validez. Más allá de los argumentos políticos, esta resolución es una convocatoria a cumplir los convenios y tratados internacionales, es un llamado a que los países cumplan sus compromisos; no es la defensa de Julian Assange, es la defensa de los derechos humanos”, concluyó Vintimilla.

Dentro del contenido de la resolución se destaca que son más de 4 años y medio los que Julian Assange permanece en la Embajada de Ecuador en Londres con el impedimento de su derecho a la libre movilidad. Además se exigirá al  Reino Unido y a Suecia que cumplan lo declarado por los Derechos Humanos. También se solicitará a la Fiscalía de Ecuador que cualquier diligencia a coordinarse con el Reino Unido y Suecia se enmarque en lo que establece la Declaración de Derechos Humanos.