El presidente de la Comisión que trató el proyecto, Jorge Corozo, señaló en el segundo debate que el 14,70 % ha sido víctima de insultos y el 14,90 %, víctima de negligencia y abandono, de allí la necesidad de establecer con claridad las responsabilidades de cada uno de los actores de la protección de este segmento de la sociedad.
La norma crea un Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo ente rector será el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Participan de este sistema 19 instituciones involucradas, entre ellas Finanzas, Educación, Salud, Trabajo, Justicia, Seguridad Ciudadana y Orden Público, Economía Popular y Solidaria, Desarrollo Urbano y Vivienda, Junta de Política Monetaria, así como organismos de protección de derechos de nivel cantonal y parroquial.
La norma maneja tres ejes: primero la prevención, dirigida a eliminar factores discriminatorios y estereotipos negativos, a fin de evitar la vulneración de estas personas; el segundo, la atención, que corresponde a todos los entes relacionados en la prestación de servicios de atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica, de manera prioritaria, especializada, integral y gratuita; y tercero, la reparación, para que el adulto mayor que sea vulnerado en sus derechos, pueda acudir a la autoridad judicial o administrativa competente para que ordene la reparación inmediata de ese hecho.
Fuente: El Telégrafo
