La resolución, de iniciativa la legisladora Silvia Salgado, demanda del Ministerio de Educación, de los órganos de control y jurisdiccionales de la Función Judicial emprendan las acciones sancionatorias en el ámbito de sus competencias, en contra de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado que actuaron de forma negligente en la investigación, juzgamiento y sanción de estos casos. Para el esclarecimiento y establecimiento de responsabilidades de las autoridades del Estado, se tendrán en cuenta los informes, así como las actas de las comparecencias efectuadas en la Comisión Aampetra.
Se solicitará e informará a la Santa Sede, a través del Nuncio Apostólico en Ecuador y demás representantes de instituciones religiosas, la preocupación de la sociedad ecuatoriana por las denuncias de casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, cuyos presuntos victimarios son miembros de órdenes religiosas.
Así mismo, se solicitará al Vaticano que, como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entregue la información de los presuntos victimarios de los casos denunciados a las autoridades competentes, en particular a la Fiscalía General del Estado, y se tomen las medidas de prevención y protección, conforme a la normativa ecuatoriana, con el propósito de prevenir, proteger, sancionar y reparar a las víctimas de violencia sexual y evitar la impunidad ante tan condenables hechos.
El texto autoriza a la Presidenta de la Asamblea Nacional para que, de conformidad con los artículos 154 y 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, proponga ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción de interpretación constitucional respecto del segundo párrafo del numeral 4 del artículo 46 de la Constitución incorporado por la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, a fin de que se determine los alcances de esta disposición constitucional respecto de los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes cometidos antes de la reforma constitucional incorporada por la referida consulta.
También, reconoce la lucha perseverante y permanente de los familiares de las víctimas de casos de violencia sexual para exigir justicia y reparación de los derechos de las víctimas, por lo cual se propone institucionalizar un reconocimiento de la Asamblea Nacional, que llevará simbólicamente la referencia del caso Aampetra.
Silvia Salgado, subrayó que se deben tomar medidas específicas sobre esta problemática, en el ámbito de la iglesia, que deben ser trasladados hacia la justicia a quien corresponde condenar, sancionar y, evidentemente, desde la responsabilidad de las instituciones involucradas, prevenir esta clase de hechos.
