Eso gastos se hicieron durante los primeros 7 meses del total de los 11 que presidió el Legislativo, el aliancista José Serrano. En su administración se firmaron 10 contratos en total de comunicación, del 15 de junio al 20 de diciembre de 2017.
De ellos, seis fueron para productos de comunicación, análisis de información de las publicaciones de los medios o en las redes sociales. Además, dos contratos fueron para comprar equipos de fotografía, video y computadoras para editar imágenes y producir contenidos gráficos y audiovisuales.
Y otros dos por alquilar espacios para instalar sistemas de transmisión de la radio de la Asamblea en Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora y Cerro Azul-Guayaquil. Para el legislador del movimiento Unidos por Pastaza y miembro de la Bancada de Integración Nacional (BIN), Raúl Tello, esos contratos deben someterse a una auditoría porque el costo es demasiado alto para siete meses de gestión.
“No hemos podido verificar la existencia o no de esos productos comunicacionales. Tampoco han sido difundidos entre los legisladores”, dijo a EL TELÉGRAFO. El contrato más costoso fue por $ 167.000 para levantar una línea base y seguimiento de indicadores para el Legislativo que determinen estrategias comunicacionales y generen criterios de comunicación, información e imagen institucional, dice la información de la Asamblea.
Este fue adjudicado por régimen especial a la empresa Imasen del Ecuador. Según el portal web Emis, esta compañía está dedicada a servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de relaciones públicas y comunicaciones.
Le sigue un contrato por $ 105.357,14 por servicio de producción de piezas comunicacionales para difusión e información en campaña institucional de la Asamblea. Este fue adjudicado a la empresa Plublymark, a través de régimen especial.
Esta compañía también tiene un segundo contrato por $ 11.000 para difundir las actividades de la Asamblea en medios de comunicación impresos sobre juicio político y fiscalización. El tercer contrato más costoso fue por $ 24.000 para elaborar un resumen de la opinión y de las informaciones (monitoreo) que genera la segunda función del Estado.
