En dicho acuerdo declara «la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la existencia de un golpe de Estado, cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela».
El Parlamento anunció que se impulsará el inicio de un juicio político contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la realización de una discusión sobre las denuncias por la presunta doble nacionalidad del mandatario.
Los puntos del acuerdo parlamentario
1) Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado, cometido por el régimen de Nicolás Maduro, en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.
2) Solicitar a la comunidad internacional activación de mecanismos que garanticen los derechos del pueblo.
3) Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.
4) Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales, a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho.
5) Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.
6) Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.
7) Conformar comisión de alto nivel parlamentario para definir decisiones para restituir el orden constitucional.
8) Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
9) Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el artículo 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden constitucional.
10) Dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
La bancada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela acusó a la oposición de gestar un golpe de Estado y la acusa de haber cometido fraude en la recolección del 1% de las firmas requeridas en la primera fase, para la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Estas denuncias, que se investigan en 7 tribunales penales regionales, condujeron a la decisión del Consejo Nacional Electoral de postergar, de forma indefinida, la recolección del 20% de solicitudes en la segunda y definitiva etapa del proceso que llevaría a la realización de la consulta revocatoria.
La recabación de las manifestaciones de voluntad estaba prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre.
Invasión a la Asamblea
Hubo momentos de tensión en la sesión especial del Parlamento venezolano cuando un grupo de presuntos simpatizantes del gobierno irrumpió en hemiciclo de la Asamblea Nacional.
El llamado de los miembros de la OEA
El sábado, en un comunicado conjunto, varios países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteraron el llamado al diálogo para hallar soluciones que garanticen la estabilidad y la paz en Venezuela.
«La paralización del proceso, previsto a realizarse entre el 26 y 28 de octubre, y la decisión del Poder Judicial de Venezuela de prohibir la salida de territorio venezolano de los principales líderes de la oposición de ese país, afecta la posibilidad de establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que permita una salida pacífica a la crítica situación que atraviesa esa hermana nación», dice la declaración.
El comunicado conjunto fue avalado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay.
Esos países abogaron porque todos los actores políticos avancen en los esfuerzos para un diálogo y se garantice el pleno respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional en Venezuela.
Punto de inflexión
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a los países de la región tomar acciones concretas en defensa de la democracia en Venezuela.
Almagro consideró que la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el proceso de recolección de firmas para el revocatorio es un punto de inflexión y de quiebre del sistema democrático.
«Sólo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos”, sostuvo Almagro.
«Es hora de tomar acciones concretas», agregó el secretario general de la OEA.
