El veto que contiene las observaciones del Ejecutivo al proyecto de Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas no logró el apoyo necesario en el debate que se realizó ayer 2 de julio de 2020, durante cuatro horas, en el Pleno de la Asamblea, de manera telemática.
Franco Romero, presidente de la Comisión de Régimen Económico, propuso que los legisladores se allanen a las 16 objeciones que planteó el Ejecutivo el pasado 15 de junio, pero no se alcanzaron los votos en el Pleno.
La moción recibió 47 votos positivos, pero se necesitaba el apoyo de 66 legisladores (la mitad de los presentes en la sesión). Luego la reunión se suspendió y hasta el cierre de esta edición no se reinstaló.
Según la Ley de la Función Legislativa, se permite reconsiderar la votación en una siguiente sesión o que el Ejecutivo disponga el ejecútese cuando se cumplan los 30 días desde que envió el veto; es decir, el 15 de julio.
En este último caso, el texto que vaya al Registro Oficial incluirá las observaciones que haga el Ejecutivo a la norma. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, consideró que, al no alcanzar los votos y debido a que no se propuso reconsiderar la moción, el texto del proyecto podría entrar en vigencia.
Esta reforma legal propone cambios que son parte de los compromisos que hizo el año pasado el Gobierno en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El artículo que generó más debate ayer fue el del manejo del endeudamiento. El veto plantea que se reduzca el peso de la deuda sobre la economía progresivamente durante 12 años, hasta que vuelva a ser equivalente al 40% del Producto Interno Bruto, como fija el actual Código de Planificación y Finanzas. La deuda del Ecuador equivale al 60,53% del PIB.
Este año, por la emergencia, el Fisco prevé que las necesidades de financiamiento se incrementarán. Para hacer frente a ese escenario, las autoridades buscan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La Ley de Finanzas Públicas es parte de los compromisos con ese ente. La Ley, además, dispone que en el cálculo de la deuda sobre el PIB se tome en cuenta la deuda pública consolidada y no la agregada, como sucede actualmente.
La deuda pública consolidada no toma en cuenta obligaciones del Estado con instituciones como el Seguro Social. Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el ajuste al gasto que se ha dado desde el 2014, cuando terminó el ‘boom’ de los precios del petróleo, ha sido demasiado lento y, por ende, el nivel de endeudamiento del país hoy es insostenible.
“El ajuste del gasto debería ser mayor, pero eso tiene un costo político y no hay garantía de que el siguiente Gobierno lo haga”, comentó. Hanns Soledispa, director de Exponential Research, consideró que el cronograma planteado por el Ejecutivo es poco realista, dada la fuerte contracción de la economía y las enormes necesidades fiscales del Estado.
Seguro y fondo de ahorro se crearán
La Ley determina la creación de un fondo de estabilización con los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, como el petróleo, cuando estos superen la proyección del Presupuesto estatal.
El documento señala que los ingresos que nutrirán dicho fondo serán los que queden luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley y servirán para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para educación y salud.
También se permitirá contratar un seguro petrolero, con base en un informe de la empresa Petroecuador. El Ministerio de Finanzas, además, deberá elaborar cada año una política de mitigación y prevención de riesgos para casos en los que sucesos imprevistos afecten la sostenibilidad fiscal del país.
Margen para cambiar el presupuesto
Actualmente se permite que el Presupuesto del Estado se modifique al alza o la baja hasta en un 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea.
Pero la nueva Ley plantea que el margen permitido para estos ajustes sea de 5% y así evitar que las mayores necesidades incrementen la deuda pública del Estado.
En un informe del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FAD) del 2018 se alertó que la autorización legal para que el Gobierno modifique hasta un 15% el Presupuesto General del Estado está en contra de las buenas prácticas internacionales.
En el veto, el Ejecutivo aclaró que, si se requieren modificaciones mayores al presupuesto, se deberá emprender un proceso reglamentado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Finanzas fijará techos al gasto
La Ley busca controlar el gasto a través de la fijación de techos a las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, como ministerios y secretarías, pero también para las empresas públicas.
El Ministerio de Finanzas es el ente que deberá fijar esos techos presupuestarios. Lira Villalba, asambleísta por Tungurahua, cuestionó esta medida, pues dijo que es inconstitucional que el Ministerio de Finanzas asuma esta competencia.
Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, acotó que aunque las empresas públicas son ineficientes, el camino para que mejoren su situación es que se otorguen en concesión al sector privado.
Los gobiernos locales, las empresas públicas y los entes de la seguridad social deberán, por cuenta propia, fijarse límites al gasto de inversión.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
