Pero había un inconveniente. Hasta las 17:00 que comenzó la sesión en la Asamblea, no existía un acuerdo para decidir cuál era el número de votos necesarios para la destitución de un legislador. En la víspera, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) resolvió que fuera el pleno el que determinara el número de votos para la separación de un asambleísta.
Los criterios eran diversos. Unos legisladores sugerían que fueran las dos terceras partes del pleno, es decir 91 de 137 integrantes; mientras que otros pedían la mayoría simple de los asistentes a la sesión, es decir la mitad más uno, pero no había acuerdo y eso se evidenció en los minutos previos a la sesión.
Las bancadas de CREO, Revolución Ciudadana y de Integración Nacional conformaron círculos en el salón plenario para poder decidir. Mientras que la de Alianza PAIS se juntó fuera del plenario y solo entró 5 minutos antes de que empezara la sesión. Lenin Plaza, miembro de esa bancada, anticipó que habían tomado una decisión y que respaldarían la destitución de Espín, pero que el caso de Norma Vallejo quedaría para otro día.
Vallejo no estuvo en la sesión, aunque públicamente dijo que asistiría y que contaría la verdad al país sobre el cobro de los “diezmos” en la Asamblea. En el debate, Fernando Flores (CREO) propuso que fueran 91 votos los necesarios para destituir a un legislador y explicó que este sistema era adecuado porque se trata del mismo número que se requiere para censurar a un ministro, que no es una autoridad elegida por voto popular.
Su propuesta tuvo el apoyo mayoritario y con 87 votos se decidió que solamente con las dos terceras partes de los integrantes se podría destituir a un legislador. Esta iniciativa fue apoyada por Alianza PAIS y por el bloque de Revolución Ciudadana. Estos últimos aplaudieron la decisión.
Los legisladores Jimmy Candell (Bancada de Integración Nacional) y Fernando Callejas (CREO) pidieron apoyo para destituir a la legisladora de Revolución Ciudadana. Ambos coincidieron en que ella intentó cambiar el testimonio de Diana F., testigo protegida en el juicio contra el expresidente Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda. Eso, aseguraron, es una intromisión en el Poder Judicial y motivo solvente para su destitución.
En cambio, Espín aseveró que existieron vacíos legales en su investigación. Ella mencionó que el asambleísta Esteban Bernal (CREO), quien fue su denunciante, no cumplió con los requisitos para presentar su querella. También dijo que la comisión no escuchó a todos los involucrados, como guías y funcionarios del centro de detención donde se encontraba Diana F.
Fuente: El Telégrafo – nota original: LINK
