El asambleísta Henry Kronfle (PSC) remitió al presidente de la Legislatura, César Litardo una solicitud de juicio político a Cruz por tres razones. La obtención del carné de discapacidad, por certificados que presuntamente serían «fraudulentos» y que los presentó para ser vocal del CPCCS en el concurso de méritos del 2009; y, por en su calidad de presidente del organismo, aprobar reglamentos internos «arrogándose funciones».
«En conclusión, de la documentación adjunta hemos evidenciado varias irregularidades sobre la presunta obtención y uso de un carné de discapacidad para beneficiarse de los puntos en un concurso de oposición, así como de exoneraciones tributarias», selaña el legislador en su pedido.
Entre los argumentos para que se le inicie este procedimiento político, consta que tiene licencia de conducir tipo E pese a tener una discapacidad del 81% auditiva y visual, que la Fundación Vista para Todos cuestionó en el 2010 su carné de discapacidad con un 81%.
Se recuerda, que el 20 de octubre de 2009 se convocó al concurso de selección de los miembros del CPCCS y que el 28 de octubre del mismo año, «María Gabriela Barahona en calidad de coordinadora provincial de Pichincha» del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) emitió en favor de Cruz el certificado de inscripción de discapacidad.
La duda es que el carné haya permitido a Cruz acreditarse dos puntos por acción afirmativa dentro de ese concurso.
Entre otras pruebas recogidas por Kronfle, está el de que Cruz fue impugnado en ese concurso por presentar certificados de haber participado en eventos internacionales, que serían presuntamente irregulares.
Los reconocimientos dados por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) habrían «sido emitidos de forma irregular» y se pidió que se lo descalifique del concurso por falta de probidad notoria «por forjar documentos que nunca fueron extendidos» por dicha organización.
Otra arista es una presunta arrogación de funciones en la aprobación de reglamentos para la administración del parque automotor del Consejo y el pago de liquidaciones y viáticos en octubre del 2019, que dos meses después, el mismo Cruz los anuló.
Bajo esas consideraciones, «solicito se proceda con el enjuiciamiento político en contra de Christian Cruz, se lo censure y destituya del cargo de consejero y presidente» del Consejo.
Cruz ha asegurado en su defensa, que existió un proceso judicial en el 2010 en su contra, a propósito de su credencial de discapacidad que había sido archivado, lo que demostraría su inocencia y la validez de su documento.
Insiste también que él no se benefició de excenciones tributarias por importar un vehículo usando los beneficios a los que se accede con el carné; pero confirmó que sí se accedió a los beneficios del pago de tributos por su vehículo de alta gama. «Lo que corresponde a los beneficios del carné, por supuesto. Lo he tenido que hacer por derecho, porque es legal, es legítimo», aseveró a este Diario.
Además de este proceso, el presidente del Consejo está siendo investigado por la Fiscalía General, y por la Contraloría del Estado.
Nota Original: El Universo – LINK
