«La firma del acuerdo de paz no podrá ser más tarde del primer semestre de este año. Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos, incluido el acuerdo final», declaró Santiago en una entrevista al diario El Tiempo.
El asesor explicó que los puntos restantes, que engloban el desarme y desmovilización de los guerrilleros y el alto el fuego bilateral y definitivo, entre otros aspectos, «son muy delicados», pero subrayó que con trabajo intenso el acuerdo final puede lograrse en tres meses o menos.
«No hay que ponerse nerviosos, no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en este contexto; lo importante es no perder tiempo, trabajar intensamente los temas pendientes y conseguir una mayor implicación en estos meses que quedan», comentó.
Dentro de los apartados pendientes Santiago destacó como especialmente complejas las «garantías de seguridad» y las «políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo» solicitadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ven en este fenómeno una amenaza a su vida una vez dejen las armas.
Un «segundo problema» tiene que ver con las zonas de concentración en las que la guerrilla se desarmará, cuyo número y localización están por definir.
Según Santiago, el Gobierno colombiano «pretende asimilar estas zonas campamentarias a centros de reclusión, es decir, que propone lugares cerrados donde no se pueda entrar ni salir y donde no pueda haber ningún tipo de contacto de los guerrilleros con la población civil», algo que, a su juicio, es «contradictorio» y «absurdo».
«Es absurdo que una fuerza guerrillera que ha mantenido relación con la población civil, históricamente, y que esa relación ha sido su principal sustento y apoyo en estos 50 años de conflicto, cuando en este momento además quiere desaparecer como fuerza guerrillera y convertirse en fuerza política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil», consideró.
Con respecto a la definición de un plazo para la dejación de armas, el escollo que impidió a las partes firmar la paz el pasado 23 de marzo, como acordaron seis meses antes, el asesor dijo que ese proceso podría finalizar a finales de este año o principios de 2017.
«Si hay compromiso y seriedad por parte del Gobierno de poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas podría estar concluido a finales de este año o en los primeros días del 2017».
Desde ese momento, agregó, «las FARC deberían estar en condiciones de concurrir a la normal confrontación política y electoral».
El Gobierno colombiano y las FARC se encuentran en negociaciones desde hace más de tres años y medio en La Habana para poner fin al conflicto armado que, en el último medio siglo, ha dejado casi siete millones de víctimas en el país.
