La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Prefectura de Pichincha, Ivannova Córdova, reveló que en estos tres años han visto un aumento considerable en la nómina, según cifras que manejan serían 300 personas. Al mismo tiempo, los empleados de carrera han sido desplazados y sus funciones las han designado a otros funcionarios. Además, indicó los nuevos funcionarios ya tendrían un nombramiento sin haber participado en un concurso de méritos y oposiciones. “Esto es un manejo antitécnico del talento humano. Esta inflación de la nómina no obedece a un carácter técnico sino para llenar personas con clientelismo político”, cuestionó.
#IvannovaCórdova: «Hemos denunciado los cambios arbitrarios, los acosos laborales de forma verbal y psicológica».
Mira la entrevista aquí ➡️ https://t.co/obeL1JKRft. pic.twitter.com/ju3NljKGbI
— NotiMundo (@notimundoec) January 29, 2022
Reveló que algunos funcionarios de la Revolución Ciudadana forman parte de la nómina, como: la exasambleísta, Gina Godoy, quien ocupa el cargo de técnico coordinador de procesos y gana USD 2 600; y el exasambleísta, Franklin Samaniego, quien trabaja como asesor de la Prefectura. Además, reveló que algunos jefes de la institución tienen procesos penales, como: el director administrativo, quien está procesado por delincuencia organizada y un director del noroccidente, quien tiene un proceso por asesinato.
Denunció que el gerente de Pichincha Comunicaciones, Orlando Pérez, trató de llevarle a «empellones» al despacho de la Prefectura. “Hemos denunciado los cambios arbitrarios, los acosos laborales de forma verbal y psicológica”, afirmó.
🔴#ATENCIÓN | La Asociación de Empleados del Consejo Provincial de #Pichincha manifestó que en la @PichinchaGob se habría «inflado la nómina del personal» y desplazado al personal de carrera.
Los detalles del comunicado ⬇️ pic.twitter.com/mbdHgAaRz6
— NotiMundo (@notimundoec) January 28, 2022
Acerca del contrato de comunicación por USD 84 mil, aseguró que los funcionarios fueron obligados a prestarse para ese proceso y ahora tienen una indagación previa por tráfico de influencias. Agregó que pese que existen contratos en esta área, hay 40 personas que trabajan allí.
Córdova solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria al interior de la Prefectura de Pichincha, para constatar todas las denuncias que han compartido.
Mira la entrevista completa aquí