En exclusiva para Notimundo Estelar, Ivannova Córdova, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Prefectura de Pichincha, hizo graves denuncias sobre los tres años de gestión de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Además, señaló que los trabajadores se sienten indignados por los contratos del mural por aproximadamente USD 1 millón, cuando, a su vez, las autoridades han manifestado que necesitan USD 6 millones para financiar la vialidad de la provincia.

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El Consejo Provincial de Pichincha sesionó este viernes 13 de diciembre. Crédito: El Telégrafo

La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Prefectura de Pichincha, Ivannova Córdova, reveló que en estos tres años han visto un aumento considerable en la nómina, según cifras que manejan serían 300 personas. Al mismo tiempo, los empleados de carrera han sido desplazados y sus funciones las han designado a otros funcionarios. Además, indicó los nuevos funcionarios ya tendrían un nombramiento sin haber participado en un concurso de méritos y oposiciones. “Esto es un manejo antitécnico del talento humano. Esta inflación de la nómina no obedece a un carácter técnico sino para llenar personas con clientelismo político, cuestionó.

Reveló que algunos funcionarios de la Revolución Ciudadana forman parte de la nómina, como: la exasambleísta, Gina Godoy, quien ocupa el cargo de técnico coordinador de procesos y gana USD 2 600; y el exasambleísta, Franklin Samaniego, quien trabaja como asesor de la Prefectura. Además, reveló que algunos jefes de la institución tienen procesos penales, como: el director administrativo, quien está procesado por delincuencia organizada y un director del noroccidente, quien tiene un proceso por asesinato.    

Denunció que el gerente de Pichincha Comunicaciones, Orlando Pérez, trató de llevarle a «empellones» al despacho de la Prefectura. “Hemos denunciado los cambios arbitrarios, los acosos laborales de forma verbal y psicológica”, afirmó.

Acerca del contrato de comunicación por USD 84 mil, aseguró que los funcionarios fueron obligados a prestarse para ese proceso y ahora tienen una indagación previa por tráfico de influencias. Agregó que pese que existen contratos en esta área, hay 40 personas que trabajan allí.

Córdova solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria al interior de la Prefectura de Pichincha, para constatar todas las denuncias que han compartido.

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