Un audio filtrado de manera ilegal, de una llamada telefónica de la Presidenta de la Asamblea a la ministra del Interior, María Paula Romo, puso de lado a Cabezas. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) votó por unanimidad para conformar una Comisión Multipartidista que investigue a la titular del Parlamento por ese tema.
En una sesión del domingo pasado, seis integrantes del máximo organismo legislativo dieron paso a esa indagación: Viviana Bonilla, independiente; Soledad Buendía, de la Revolución Ciudadana; Carlos Bergmann, de Unidad Primero, aliado de Alianza PAIS; Patricio Donoso, de CREO; Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), y Verónica Arias, de Acción Regional por la Equidad, aliada de AP.
Con esa decisión, ellos se sumaron al guion del correísmo para abrir frentes en todos lados contra el actual Gobierno. Esa, además, fue la segunda vez que el CAL trató la denuncia de la legisladora Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana. Ella acusa a Cabezas de evitar la fiscalización al Primer Mandatario por el caso INA Papers.
“Es completamente ilegal y tiene el objetivo de tomar el control del Poder Legislativo destituyendo a la Presidenta, crear caos e inestabilidad en el país”, señaló Cabezas el domingo pasado.
El siguiente paso es que el pleno designe a los miembros de la Comisión Multipartidista, conformada por un representante del movimiento que presentó la denuncia, es decir, de la Revolución Ciudadana; otro de la organización de la investigada, o sea Alianza PAIS, y otro de cualquier partido político representado en la Asamblea.
La integración de la comisión está prevista en el artículo 164, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). En el pleno, cualquier legislador está facultado para mocionar los nombres de los integrantes de esa mesa legislativa ocasional. Esta tiene 10 días de plazo para la investigación del caso, así como para elaborar un informe.
Cabezas será escuchada en la comisión y en el pleno, luego de la presentación del informe y antes de que se someta a votación. ¿Qué contendrá el documento? La recomendación sobre si amerita o no una sanción. Si la presidenta de la Asamblea es sancionada, la que ocuparía su cargo es Viviana Bonilla. La abogada guayaquileña, de 35 años, es cercana al expresidente Rafael Correa.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
