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Miguel Carvajal, asambleísta por el Movimiento Alianza PAIS, en entrevista en Notimundo a la Carta, confirmó que el segundo debate de la Ley de Tierras se suspendió este martes porque aún quedan 20 legisladores que se inscribieron para intervenir en la discusión .

Miguel Carvajal, asambleísta por el Movimiento Alianza PAIS, en entrevista en Notimundo a la Carta, confirmó que el segundo debate de la Ley de Tierras se suspendió este martes porque aún quedan 20 legisladores que se inscribieron para intervenir en la discusión y que, por derecho, deben expresar sus puntos de vista sobre la propuesta. En este sentido, el legislador indicó que esta normativa busca reconocer el derecho de uso y usufructo del comunero y su familia sobre la parte de la tierra comunitaria que le ha sido asignada, y afirmó que no se puede afectar, por ningún concepto, a tierras comunitarias ni a territorios indígenas, así como a predios de la agricultura familiar campesina que tengan menos de 25 hectáreas en la Sierra; 75 hectáreas en Costa y estribaciones y 100 hectáreas en la Amazonia y Galápagos. “Aspiramos que el segundo debate de la Ley se retome en la primera semana de enero. Todo depende de la decisión que tome la presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira”, afirmó.

Carvajal señaló, además, que la Ley de Tierras busca garantizar los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales y, ante ello, el Estado tiene la obligación de invertir en mejorar la producción agraria en Ecuador. “La Ley establece mecanismos para la redistribución de tierras rurales y las extensiones máximas deben establecerse según criterios técnicos”, dijo el asambleísta, quien reiteró que no se pueden fijar límites al latifundio sin un estudio técnico y al ojímetro como propone la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). “El sistema nacional de información permitirá tener datos actualizados para diagnóstico y toma de decisiones”, acotó.

El asambleísta explicó, también, que el proyecto busca garantizar la soberanía alimentaria y regular el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria, es decir, que quien posee tierra rural con aptitud productiva está en la obligación de hacerla producir eficientemente y no mantenerla sin cultivar para especular con su valor. “La Ley no busca quitar la tierra, busca producir. El cuerpo legal garantiza la redistribución de la tierra productiva, de manera que, los campesinos sin tierra o poca, o con tierra de mala calidad, puedan acceder a la tierra y créditos e incentivos para la producción”, destacó.