El contralor General del Estado, Pablo Celi, anunció que se aprobó el examen especial en el que se había constatado el incumplimiento de las recomendaciones que esa entidad hiciera al Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación a la inscripción de cuatro movimientos políticos: Fuerza Compromiso Social (correísmo), Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social. Así lo señaló Celi este viernes, 19 de junio, a través de un video.
Según un boletín del organismo de control, el informe compromete al Pleno del CNE. También a otros funcionarios, como la Directora de Asesoría Jurídica, el Coordinador de Seguridad Informática y el Director Nacional de Organizaciones Políticas, quienes que con sus decisiones posibilitaron que los cuatro movimientos continúen inscritos y mantengan su personería jurídica, incumpliendo los requisitos legales que Contraloría señaló en sus recomendaciones.
En el texto se establecieron irregularidades que invalidan la inscripción de estas tiendas políticas. Fuerza Compromiso Social (FCS), tienda que lideró el exministro y actual procesado por peculado, Iván Espinel, cobijó al correísmo en las elecciones seccionales del 2019 y es la plataforma de la llamada Revolución Ciudadana para los comicios del 2021.
Libertad es Pueblo, en cambio, está encabezada por el hermano del Presidente de la República, Gary Moreno. Justicia Social es la tienda que impulsó Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y procesada en el caso Sobornos 2012-2016.
Mientras que Podemos lo lidera Paúl Carrasco, exprefecto de Azuay. El anuncio de Contraloría se efectúa justamente el día en que el CNE, según el calendario de las elecciones vigente, debía cerrar el registro de organizaciones políticas que estarán posibilitadas de presentar candidatos para los comicios presidenciales y legislativos del 2021.
En marzo pasado, la Contraloría señaló que de las 19 recomendaciones efectuadas, el CNE cumplió tres, incumplió nueve y siete se ejecutaron parcialmente. La Contraloría, en agosto del 2019, ordenó el inicio de un proceso de control a los sistemas informáticos, infraestructura tecnológica, así como al registro y extinción de organizaciones políticas, entre el 1 de febrero del 2013 y el 31 de agosto del 2018.
En ese entonces, la Contraloría recomendó revisar la situación jurídica de los cuatro movimientos, tras hallarse varias inconsistencias en el proceso de verificación de firmas, como números de cédula que no existentes en las bases de afiliados y adherentes, errores en los formularios y rúbricas.
Sin embargo, el Pleno del CNE, con los votos del bloque de mayoría, integrado por Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, ratificó la inscripción de los cuatro movimientos, entre enero y febrero de este 2020. Por ahora las autoridades del CNE no se han pronunciado, tras el informe aprobado por Contraloría.
Fuente: El Comercio-Nota Original : LINK