La Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea sigue con el análisis del pedido de consulta popular planteada para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y dar paso a la creación de una Cámara de Senadores.
La iniciativa, impulsada por el Comité por la Institucionalidad Democrática, liderado por Pablo Dávila, exintegrante del CPCCS, realizó el trámite de recolección de firmas para que la Asamblea revise la propuesta y se aprueben las preguntas para la consulta popular.
Darwin Seraquive, miembro del colectivo y exsecretario del CPCCS transitorio, explicó que superada la etapa de la revisión de firmas -presentaron 300.000- que aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora la Asamblea tiene la obligación de analizar las preguntas y aprobarlas previamente a la convocatoria del referéndum.
La propuesta establece tres preguntas sobre la eliminación del CPCCS, implementación de la Cámara de Senadores y otorgarle independencia del Consejo de la Judicatura a la Fiscalía.
En el caso de la bicameralidad, la idea es crear la figura de 30 senadores electos a través de votación nacional para formar junto con los asambleístas el Poder Legislativo.
Los senadores se encargaran de la elección de autoridades de control, resolver los enjuiciamientos políticos, aprobar los tratados internacionales y trabajar también en el proceso de creación de leyes.
Seraquive puntualizó que de esta manera se tendría que reformar la Constitución para permitir un solo asambleísta por provincia y uno más por cada 200.000 habitantes y la fracción que supere los 150.000; es decir, un total de 92 asambleístas y solo dos más por el exterior.
Actualmente se eligen 48 asambleístas, dos por provincia; 68 más por cada 200.000 habitantes y la fracción de 150.000; 6 de los migrantes y 15 nacionales que dan el total de 137. El activista añadió que es importante adoptar la bicameralidad para que no vuelva la elección de autoridades en la Asamblea.
“Eso sería un retroceso”. El docente Esteban Ron, de la Universidad Internacional, estima que, teóricamente, el sistema bicameral genera mayor gobernabilidad, pero que la dispersión partidaria podría causar conflictos entre las dos cámaras.
Por eso debe ser concebido como un proceso con alto grado de tecnicidad; además, la Cámara de Senadores requerirá de una instrumentación burocrática de personal experto en materia legislativa y control constitucional.
La comisión recibió a varios expertos para analizar el planteamiento, comentó la asambleísta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.
Al momento avanzan el informe para primer debate en el pleno, lo que podría tomar 30 días. Una vez discutido, tendrán 90 días más para hacer el informe para el segundo debate, lo que permitiría hacer la consulta popular junto con las elecciones de 2021.
No se necesita reforma
María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, indicó en la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea que la Fiscalía debe mantenerse como órgano de la Función Judicial, bajo el principio de unidad del sistema judicial, a fin de que haya equilibrio con jueces y defensores.
“Si se quiere dotar a la Fiscalía de mayor autonomía, se podría establecer con claridad en el Código de la Función Judicial, sin necesidad de una reforma constitucional”.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original : LINK
