El denominado Bloque de Seguridad, constituido por militares y policías a instancias del Gobierno a principios de año, criticó la decisión de la Corte Constitucional de anular el estado de excepción en siete provincias y un municipio donde los agentes operan contra bandas del crimen organizado.
Según ese organismo, los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, a escala nacional y de manera focalizada en determinadas jurisdicciones, han dado resultados positivos y han permitido reducir los índices de violencia.
Sin embargo, comentó que la decisión de la Corte Constitucional de anular el último estado de excepción focalizado «se aparta de la línea firme que el Gobierno emprende, lo cual puede limitar el accionar del Bloque de Seguridad» en la lucha contra el crimen organizado.
Pese a ello, el Bloque de Seguridad seguirá firme con su misión, convencido de que «la decisión presidencial del estado de excepción es el camino correcto» porque, además, está «sustentado por análisis técnicos y estratégicos» y «cuenta con el apoyo popular».
«La lucha contra el narcoterrorismo continúa dentro de las competencias determinadas por el marco legal», agregó el Bloque de Seguridad.
Según ese organismo, las operaciones policiales y militares desplegadas «han logrado disminuir en un 31 % las muertes violentas en lo que va de la semana 24 del año a escala nacional».
Asimismo, mencionó que en Manta, Manabí, donde se había registrado un auge del crimen, «lleva 8 días sin muertes violentas, un hecho sin precedente» en lo que va de 2024.
También informó de que se han incautado unas 3 toneladas de sustancias ilegales, lo que supone un golpe a las estructuras del crimen organizado, ya que se ha logrado impedir un negocio calculado en unos USD 200 millones y debilitado de manera significativa a las bandas criminales.
Además, aseguró que se han capturado a delincuentes considerados por las fuerzas de seguridad como «objetivos de mediano y alto valor».
Decreto «inconstitucional»
La Corte Constitucional, el máximo tribunal de control de la Carta Magna, declaró inconstitucional el decreto 275 que declaraba el estado de excepción en siete de las veinticuatro provincias del país y adicionalmente en un municipio, bajo la justificación de la existencia de un «conflicto armado interno».
Este último estado de excepción buscaba reemplazar a otro anterior que abarcaba cinco provincias y que la Corte Constitucional también había anulado.
Las jurisdicciones involucradas con la última medida excepcional eran las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como el municipio Camilo Ponce Enríquez, de la jurisdicción de Azuay.
En ambos casos, el tribunal consideró que «los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno».
La Corte aclaró que «la constatación de que la declaratoria de estado de excepción no cumple los requisitos previstos en la Constitución no implica un desconocimiento de los graves hechos de violencia y de las complejas circunstancias que el país atraviesa» por el accionar de bandas del crimen organizado.
Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que lo ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de unos 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Fuente: Primicias
