Bruselas toma medidas contra los Estados que se niegan a acoger refugiados. La Comisión Europea ha decidido este martes abrir procedimiento de infracción a los países más reacios a participar en el esquema de reparto: Polonia, Hungría y República Checa. Los dos primeros no han admitido a un solo demandante de asilo de los arribados a Grecia e Italia desde 2015 y el tercero se ha retirado del programa tras acoger solo a 12 personas. «Además del compromiso moral, hay una decisión legal, una obligación de acogerlos. Ya ha habido bastantes retrasos”, ha argumentado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos.
El Ejecutivo comunitario se lo ha pensado mucho antes de dar este paso, la primera reprimenda legal por la falta de compromiso de los países del Este en materia de asilo. El presidente, Jean-Claude Juncker, concibió en 2015 el esquema de reparto como una solución solidaria para aliviar la presión de llegadas que sufrían Grecia e Italia. Los países aprobaron, por mayoría cualificada, repartirse a un total de 160.000 demandantes de asilo, pero la falta de voluntad política y las limitaciones del programa han hecho que, cuando faltan tres meses para que expire el plazo fijado, solo se hayan distribuido 20.869 personas. Hungría y República Checa votaron en contra, junto a Rumanía y Eslovaquia.
La Comisión Europea ha adoptado la decisión sin ninguna voz contraria en el colegio de comisarios, celebrado ayer en Estrasburgo. Tras la reunión, el comisario griego se ha hecho eco del malestar que existe en una buena parte del bloque comunitario por el hecho de que los países más contrarios a asumir sus obligaciones en la crisis migratoria coincidan, en general, con los mayores receptores de dinero del presupuesto comunitario. “Europa no consiste solo en recibir fondos; también se trata de compartir momentos difíciles. Ha llegado la hora de que todo el mundo contribuya”, ha instado.
Tras la apertura de este proceso, cada Estado tiene dos meses para justificar a la Comisión por qué incumple la norma comunitaria al negarse a asumir una cuota de refugiados. Si el país no rectifica ni convence a Bruselas de sus razones, recibirá otra carta, con dos meses adicionales para responder. En caso de desacuerdo, Bruselas puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, cuyas decisiones son vinculantes, y multar al país en caso de incumplimientos.
Programa poco exitoso
Pese a que casi ningún gobernante puede exhibir éxitos en esta política de reparto de la carga, la Comisión ha decidido actuar contra los más recalcitrantes. Hungría se negó en redondo a participar en cualquier iniciativa de distribución de refugiados. Polonia aceptó a regañadientes, pero finalmente no acogió a nadie. Y República Checa decidió anunciar su retirada la semana pasada. El Ejecutivo comunitario es consciente de que su iniciativa no cambiará el rumbo del programa de reubicación, muy alejado de los objetivos perseguidos, pero al menos quiere dejar patente que se está incumpliendo una norma aprobada por los propios Estados miembros.
Con la elección de países, también se envía el mensaje de que las amonestaciones no se dirigen a una sola sensibilidad política. En Polonia gobierna el ultranacionalista Ley y Justicia, perteneciente a la misma familia política que los tories británicos. Aunque muchas de sus políticas se asemejan a las polacas, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se sitúa en las filas del Partido Popular Europeo. Y el Gobierno de República Checa lo lidera un socialdemócrata, Bohuslav Sobotka. Lejos de rectificar, el ministro de Interior polaco, Mariusz Blaszczak, se ha negado a acatar el mandato: “Nuestro Gobierno no aplica la decisión [de reubicar], que se tomó en contra de los intereses de Polonia”, ha asegurado a la prensa.
Más allá de pedir cuentas por incumplir las reglas de la UE, la Comisión es consciente de que la política de reparto de refugiados no ha llegado muy lejos. Bruselas la activó a finales de 2015 como solución temporal a la crisis de refugiados y más tarde presentó una propuesta para crear un mecanismo permanente de reparto de demandantes de asilo para situaciones de urgencia venideras. A punto de cumplirse dos años de aquella coyuntura, el esquema provisional apenas ha funcionado y el permanente está estancado en el Consejo Europeo (por la falta de acuerdo entre Estados miembros). El bloque del Este reclama que sea posible ofrecer alternativas —como la contribución a la protección de fronteras exteriores de la UE— para librarse de la obligación de acoger asilados. Estados del sur como Italia y Grecia exigen —con el apoyo de Alemania— que todos los miembros del club comunitario asuman una cuota de acogida en casos de llegadas masivas a suelo europeo.
