Las últimas elecciones seccionales realizadas el pasado 24 de marzo de 2019 obligaban, mediante el reglamento de Promoción Electoral, la difusión de propaganda electoral en los distintos Medios de Comunicación. Tras haber finalizado el referéndum, los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador (CCREA), la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE) y la Asociación Ecuatoriana de Radiofusión (AER) exigen el pago de los espacios al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su titular Diana Atamaint.
En un oficio entregado el 6 de septiembre de 2019 con copia a varias autoridades del país como: el presidente de la República, Lenín Moreno; el vicepresidente, Otto Sonnenholzner; César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional; el contralor general del Estado, Iñigo Salvador y otras más, los medios de comunicación señalan lo siguiente:
«(…) en nuestra condición de concesionarios de frecuencias de radio y televisión nos hemos sumado para presentar de manera puntual y formal la siguiente solicitud de pago a nuestros servicios convencionales realizado a los diferentes sujetos políticos autorizados por el Consejo Nacional Electoral (…)»
Según los medios el pasado 14 de noviembre de 2018, bajo la Resolución PLE-CNE-5-14-11-2018-T, se aprobó el Reglamento de Promoción Electoral donde en el Capítulo II denominado «Del Fondo de Promoción Electoral» donde se establecen los parámetros de financiamiento público, definición del fondo de promoción electoral y la forma de administración de la misma.
Una vez finalizado el referéndum electoral, los medios de comunicación aseguran que «cumplieron» con lo «dispuesto» y entregaron la documentación solicitada por el CNE hasta el 31 de mayo de 2019. Sin embargo, la entidad electoral no ha cancelado los valores acordados con los distintivos medios.
Tras cuatro meses de espera los representantes de los medios de comunicación entregaron el oficio mencionado a las máximas autoridades del país para solicitar de manera «inmediata la cancelación con el pedido inmediato de facturas». Incluso, piden que «no se siga dilatando el cumplimiento económico a los medios de comunicación».
