El incidente lo protagonizaron el asambleísta del correísmo Augusto Espinosa y el presidente de la mesa, Fernando Flores (Creo), a quien Espinosa reclamó por la ausencia del embajador Francisco Carrión, quien hace una semana renunció a la Embajada en Washington, denunciando la falta de protocolos para dichos vuelos.
La comparecencia de Carrión constaba como primer punto de la convocatoria de la sesión; sin embargo, el diplomático aseguró vía Twitter que no había sido invitado.
Flores aseguró que eso se hizo vía e-mail y vía Cancillería, a la que se requirió autorización para que acudiera. Espinosa observó que hubo un error en la convocatoria, pues la invitación se le hizo en calidad de diplomático en funciones el 10 de enero pasado, un día después de su renuncia.
“No tiene sentido que nosotros sigamos aquí si no escuchamos primero la versión de Carrión como para poder consultarles a los ministros”, manifestó Espinosa y abandonó el salón junto a su coidearia Lexi Loor.
En su intervención, que continuaba hasta el cierre de esta edición, el Canciller comentó que desde el 9 de noviembre del 2017 se trabaja en un acuerdo específico para este tipo de vuelos. La última propuesta se envió a Estados Unidos el 22 de agosto del 2019 y el 22 de diciembre ese país hizo una contrapropuesta que será contestada conforme a una reunión interinstitucional realizada el 8 de enero del 2020.
Aseveró que Carrión tiene “conceptos infundados” al respecto, pues señaló que por ahora estos se ajustan a un entramado legal de convenios en materia de lucha contra el crimen organizado, donde interviene no solo EE.UU. sino NN.UU. Comparó a esos vuelos con los contingentes que suelen prestar los países a otros cuando ocurren incendios, sin que primero exista un convenio a detalle para la cooperación.
O la ayuda que llegó vía aérea a Ecuador cuando ocurrió el terremoto de abril del 2016. Para las operaciones, que tienen como propósito combatir el narcotráfico en el mar, señaló que EE.UU. ha gestionado 53 pedidos de operación desde que empezaron, en septiembre del 2019, ante entidades como la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Área. De ese número, a tres no se dio autorización.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK
