El 26 de marzo, un comunicado de la cancillería colombiana informó de esfuerzos formales e informales del Ejecutivo de ese país para instar al Gobierno de Venezuela y a la oposición a cumplir el acuerdo de Barbados y remarcó la necesidad de que se desarrolle un proceso electoral “libre, justo y competitivo”, al tiempo que expresó preocupación por las dificultades para inscribir candidaturas, en particular de la Plataforma Unitaria y el movimiento Vente Venezuela.
El mismo día, Gil calificó el comunicado como “una grosera injerencia en asuntos que solo les competen a los venezolanos” y dijo que emitir juicios falsos era “un acto de mala fe” que podría minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales que ambos presidentes han promovido.
También ese día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó que lo que llamó “izquierda cobarde” no condenara los supuestos atentados que ha señalado que se preparan contra su vida. Un día después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que “no hay izquierda cobarde”, sino la probabilidad de cambiar el mundo profundizando la democracia.
El 2 de abril, Petro, considerado por muchos como “aliado” del gobierno venezolano, calificó como un «golpe antidemocrático» la inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial de Vente Venezuela, medida que la dirigente considera ilegal e inconstitucional.
Incluso, Machado comentó en su cuenta de la red social X que eso había sido «tan burdo” que los “antiguos aliados” de Maduro alzaron la voz.
Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para el 28 de julio, y en ella se espera que participen 13 candidatos postulados por 37 organizaciones y partidos políticos, según informó el Consejo Nacional Electoral. Entre ellos figura Maduro, que aspira a su segunda reelección y tercer período de Gobierno por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros movimientos políticos.
CNN
