En este sentido, Washinton Pesántez manifestó que se debe fiscalizar y auditar los gastos de este Gobierno Nacional y esos 290 000 millones de dólares que han administrado, de los cuales apenas un 30%, dijo, se ha invertido en infraestructura y mucho se ha despilfarrado. “Han pasado 10 años de este Gobierno y las cosas siguen igual. El pueblo ecuatoriano se ha cansado de las mismas prácticas nefastas para el país en lo económico, político y social”, comentó.
Pesántez enfatizó que para fiscalizar se debe cambiar al Fiscal General de la Nación, al Contralor, al Procurador y a todas las autoridades de los organismos de control. Por ejemplo, enfatizó, en el caso de corrupción de Petroecuador se pudo implementar acciones jurídicas distintas para llegar, incluso, a los responsables políticamente. “El Vicepresidente tiene mucho que ver. Debía saber a quienes nombran en el manejo del Ministerio encargado de Petroecuador”, añadió.
Asimismo, destacó que con un proceso judicial, independiente del proceso penal que durará años, el Estado debe incautar los bienes y dineros malhabidos producto de las coimas, y no únicamente los 12 millones que están en Panamá. “La actuación del Fiscal en el caso Petroecuador no únicamente es una omisión es una actitud sospechosa”, concluyó.
De su lado, Ramiro Aguilar expuso que el reto de fondo del próximo Gobierno será transparentar el Presupuesto General del Estado y para ello llevarán adelante la creación de una Comisión de Acompañamiento, integrada por todos los sectores sociales, que seguirá todos los procesos de investigación de todos los actos de corrupción que lleven adelante los entes competentes.
Aguilar apuntó, además, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer porque es un pretexto, dijo, por parte del Gobierno para capturar a los entes de control, y ello permitirá volver a un país republicano donde exista independencia del poder judicial y legislativo para poder fiscalizar. “El próximo Gobierno asume un país en crisis económica y política, y debe tener como prioridad salir de las mismas”, acotó.
Mientras tanto, Ramiro González informó que desde Avanza proponen la elaboración y aprobación de una nueva Ley de la Seguridad Social para el IESS, ISSFA e ISPOL, instituciones, que aseguró, que están colapsadas. “En 2009 el IESS tenía un déficit actuarial de 3 700 millones de dólares. Es decir en 25 años tendría problemas para pagar las pensiones, y sin el 40% de aporte del Estado ahora no tiene sostenibilidad. Se debe hacer una nueva Ley”, afirmó.
Añadió, además, que lo primero que llevarán adelante en el Legislativo es fiscalizar todos los contratos que se hicieron por emergencias y compras por giro de negocios (compras públicas) especialmente en el campo petrolero y eléctrico, que habrían perjudicado a la industria nacional. “Nosotros no tenemos ningún compromiso con el Gobierno. Haremos una fiscalización seria sin persecución”, enfatizó.
