Para entender cómo actúan y coordinan la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Fiscalía, esta mañana y parte de la tarde acudieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Carlos Pólit Faggioni, Christian Cruz Rodríguez y Leonardo Orlando Arteaga, titulares de esas dependencias. La intención es continuar la investigación que realizó la Comisión de Justicia sobre las empresas off shore constituidas por personas ecuatorianas en paraísos fiscales.
La comisión solicitó información para contrastar con la de otras instituciones y, de ser necesario, pensar en un juicio político, aunque se aclaró que eso se determinará solo cuando se encuentren las razones para hacerlo. “Si se encuentran elementos como arrogación de funciones, violación de la Constitución, serían sujetos de control político. Por ahora lo que nos determinan es seguir con la investigación”, dijo María José Carrión, presidenta del organismo.
El Contralor General del Estado subrogante, Daniel Fernández, acudió a la comisión y aseguró que no es competencia de la Contraloría la investigación de las empresas constituidas en paraísos fiscales. Con respecto a Galo Chiriboga, Pedro Campaña, Javier Molina, que fue asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia, todos ellos en calidad de servidores públicos, a quienes se menciona en los «Papeles de Panamá», se remitió la información solicitada a la Fiscalía, es decir, los informes con indicios de responsabilidad penal de las declaraciones juramentadas, afirmó.
En cifras
También informó que se solicitó las declaraciones juramentadas de Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuzzelli y la Contraloría facilitó esa información. En los dos casos se remitieron los informes con indicios de responsabilidad. Se informó además, las demás acciones de control relacionado con las variaciones patrimoniales de 76 servidores de Petroecuador.
Agregó que al momento se examinan 181 contratos en lo que respecta a la refinería de Esmeraldas, que son los más grandes en cantidad de obras y recursos y que dada la situación actual se dispuso que se analicen los 413 contratos suscritos con la refinería. Para hacer estas auditorías de forma inmediata se incrementó el personal. La Contraloría entregó 2100 informes y más de 1950 son por indicios de peculado, desde 2002 hasta la presente fecha. Esa cantidad corresponde a los cuatro últimos gobiernos auditados, subrayó.
Carlos Pólit, contralor, quien acudió a pesar de tener licencia, dijo que todos los años la Contraloría realiza exámenes especiales en el sector petrolero. “La Contraloría respeta el debido proceso. Es la primera vez en la historia que se realiza la investigación a declaraciones de bienes del Presidente de la República, Vicepresidente, ministros, FF.AA. asambleístas, Corte Constitucional, y se detectaron casos por indicios de incremento patrimonial sin justificación. Los hallazgos que encuentran los equipos multidisciplinarios se revelan en los plazos que la ley nos da. No tenemos facultad para pedir información a organismos internacionales, pero sí la tiene la Fiscalía. No podemos ordenar prisiones, pero sí colocar nuestros informes sobre supuestas responsabilidades”, aclaró Pólit.
