Este 15 de marzo termina el periodo constitucional para el que fue electo Carlos Pólit. La Procuraduría concluyó que Riofrío debe mantenerse en el cargo.
Carlos Riofrío González se mantendrá como contralor del Estado subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluya con la designación de un titular mediante un concurso público, que por el momento, está paralizado por líos administrativos internos.
Este martes, 15 de marzo, termina el periodo constitucional de cinco años para el cual fue electo como contralor Carlos Pólit Faggioni y que lo consuma Riofrío, por la crisis que la institución enfrentó en los últimos cuatro años por la vinculación de dos de sus antecesores en presuntos hechos de corrupción.
Debido a que el CPCCS no arranca el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, ni siquiera con la conformación de la comisión ciudadana de selección que debe organizar dicho proceso, el mismo Riofrío solicitó un criterio jurídico a laProcuraduría General del Estado, frente a una posible acefalía que podría experimentar el órgano de control desde este martes.
La respuesta le llegó el pasado 23 de febrero. En ella, no se menciona el término prórroga, pero se hace referencia a que el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) en su artículo 105, numeral 4 “alcanza” al titular de la Contraloría, pese a “su condición de servidor público sujeto a periodo fijo (el contralor es electo por un periodo de cinco años) excluido de la carrera del servicio público”.
Por lo que, para garantizar la continuidad de la prestación de servicios y actividades institucionales, por el principio de “seguridad jurídica”, se aplicará el reglamento a la Losep que prevé por excepción que un “servidor público sujeto a periodo fijo no se puede separar del desempeño de su puesto a menos que sea legalmente reemplazado, sin que para ese efecto, se requiera la formalización de acto administrativo alguno”, concluye el pronunciamiento de la Procuraduría.
Con ello, Riofrío se mantendrá en esas funciones hasta que el CPCCS designe al nuevo titular y se posesione en la Asamblea Nacional.
La Contraloría General del Estado vive en esta incertidumbre, pues en los últimos cuatro años tuvo a cuatro contralores. El primero, Carlos Pólit Faggioni, electo por un concurso público que realizó el CPCCS en el 2017.
Asumió ese cargo el 15 de marzo de ese año y meses después renunció tras ser vinculado a una investigación en el caso Odebrecht por el cual fue sentenciado por concusión. De forma paralela, la Asamblea Nacional lo censuró en julio del 2017.
Lo subrogó Pablo Celi, que fue ratificado como contralor por el extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el marco de la evaluación de autoridades.
En abril del 2021 fue detenido por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres y hasta el momento guarda prisión preventiva. Lo subrogó Valentina Zárate, que en junio pasado también renunció.
Celi, que cumplía la prisión preventiva, dimitió y designó a Carlos Riofrío como contralor subrogante, quien se ha mantenido en funciones.
Estas continuas subrogaciones se argumentaron en el artículo 33 de la Ley de la Contraloría, en la que se establece que el subcontralor general será designado por el contralor general y subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del titular.
Se desconoce por cuánto tiempo persistirá esta subrogación pues el concurso público está estancado en el Consejo.
El 21 de diciembre de 2021 se aprobó el informe de admisibilidad de 98 postulantes a integrar la comisión ciudadana de selección que elegirá a esta autoridad, y después de 90 días no se ha ejecutado otra actividad.
Lo que se hizo bajo la presidencia de Hernán Ulloa, con el respaldo de Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, es aprobar un paquete de reformas al reglamento para la designación, que se codificó el último 9 de marzo y debe publicarse en el Registro Oficial. Bajo ese contexto, este concurso tomaría entre cinco o seis meses.
Ulloa alega que la demora se debe a las “malas acciones en la administración” de Sofía Almeida en la presidencia del CPCCS, quien al ser removida de esa función, habría dejado “papeles ocultos, despachos cerrados con llave”, por lo que se desconoce si la información relacionada con el concurso existe.
Por ello, está previsto que en las próximas horas se abran las cerraduras de una de las oficinas del Consejo en Quito con la presencia de un notario público para constatar si Alejandro Gallo, exasesor de Almeida, y quien coordinaba el equipo técnico que verificaba el cumplimiento de requisitos de los postulantes a ser comisionados ciudadanos, dejó los documentos físicos.
A lo que se suma, que el aluvión que afectó al barrio La Gasca y que produjo daños al servicio eléctrico habría averiado el data center en el que se resguardaban los expedientes digitales de los 98 aspirantes, reveló Ulloa.
La autoridad aseguró que este martes informará quién estará al frente de la Contraloría, pues hasta el fin de semana se mantuvo bajo reserva el pronunciamiento de la Procuraduría.
No obstante, él pronosticaba que la respuesta sería similar a lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco vocales están prorrogados en funciones, pues en noviembre del 2021 debía renovarse a dos de ellos y el concurso para escoger a sus remplazos también está paralizado.
Un criterio de la Procuraduría de mayo del 2021 que solicitó el mismo CPCCS, cuando Celi fue detenido para investigaciones, advertía que la Constitución, la ley y una resolución del Consejo Transitorio (en la que ratificó a Celi como contralor hasta que concluya el periodo de Pólit) disponen que se debía seguir el procedimiento para designar al nuevo contralor con la “anticipación necesaria a la fecha en que la autoridad que ejerce dichas funciones concluya su periodo constitucional”. Es decir, hasta este 15 de marzo, pero no hay autoridad designada.
Sobre la subrogación, la Procuraduría concluyó que quien subrogue las funciones de contralor tiene competencia para designar al subcontralor y esta “subrogación es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de ciertos organismos, entre ellos, la Contraloría”.
Se aclaró que “no hay norma legal” que faculte al Consejo de Participación Ciudadana a “encargar el ejercicio de estas funciones”. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
