El caso Danubio tiene ocho procesados y el 22 de julio, la Fiscalía les formuló cargos por asociación ilícita. Desde esa fecha, el proceso entró en instrucción fiscal y dejó de ser reservado.
PRIMICIAS revisó el expediente: dos cartones con 37 carpetas, que contienen cientos de documentos, declaraciones, transcripciones telefónicas, informes económicos, entre otros.
Según la teoría inicial de la Fiscalía, los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas. El objetivo habría sido la venta de cargos estatales.
De los ocho procesados, solo uno es funcionario público y ninguno ostenta una posición jerárquica en el Gobierno. Pero en el operativo del pasado 21 de julio, los agentes allanaron la vivienda de Juan José Pons Arízaga, exconsejero del presidente Guillermo Lasso. Aunque Pons no fue procesado, en el expediente se encuentra la explicación de por qué entró en el radar de la Fiscalía.
Según los expedientes, los procesados mencionan varias veces a Juan José Pons y a su hijo, Juan José Pons Cruz, en las llamadas telefónicas.
Llamadas sospechosas
Desde el 28 de septiembre de 2021, cuando ya estaba abierta la investigación previa en el caso Danubio, la Justicia autorizó intervenir los teléfonos de los involucrados. Además de Pons y su hijo, otros nombres de figuras cercanas al Gobierno que surgen en las llamadas son:
- Guido Chiriboga, asambleísta y presidente del movimiento oficialista Creo.
- Iván Correa, secretario de la Presidencia
- Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso
Luego de que esto se divulgó, Pons y Chiriboga aseguraron que los procesados se tomaron sus nombres. Y descartaron su vinculación en la supuesta trama de corrupción. En el expediente, hay transcripciones que supuestamente los involucran con uno de los procesados. Se trata de Pedro García López, y a quienes los involucrados se referían como Richard García.
La figura de García no es conocida en el entorno público cercano a Lasso y Creo. En redes sociales hay una sola mención, cuando en marzo de 2021 García y Juan José Pons participaron de una brigada médica durante la campaña.
Hay que tener paciencia
El 21 de marzo de 2022, Richard García mantuvo una llamada con alguien identificado como Juan José. El número telefónico de esta persona coincide con el del celular personal del exconsejero presidencial Pons.
Durante la llamada, Pons le habría dicho a García que había que tener paciencia porque si la Asamblea Nacional negaba el proyecto de ley de inversiones, el presidente Lasso disolvería el Legislativo a través de una muerte cruzada.
Y si se convocan a nuevas elecciones, tendrían que “empezar todo de cero”. Tres días después, la Asamblea negó y archivó la propuesta del Ejecutivo, aunque la muerte cruzada nunca llegó. Meses antes, el 31 de enero de 2022, Richard García mantuvo otra llamada con una persona a la que identificaba como ‘Guido’.
Según la transcripción, este último le dijo a García que se había reunido con Juan José Pons. En el expediente se señala el número telefónico de ‘Guido’ y que también coincidió con el dirigente de Creo.
¿Qué dicen los involucrados?
PRIMICIAS contactó a Pons y a Chiriboga, a través de los números telefónicos que constan en el expendiente. Solo Pons contestó y aseguró: “Lo que debe quedar muy claro es que yo no tengo ningún grado de involucramiento en este tema“. Según el exconsejero, hay “personas que se pueden tomar mi nombre en cualquier conversación, aprovechando que soy una figura pública, esto sale totalmente de mis manos. Yo soy responsable de mis actos, no de lo que otros puedan decir que he hecho”.
Chiriboga, en cambio, no atendió llamadas, ni respondió los mensajes enviados a través de WhatsApp. Pero en julio pasado negó las acusaciones a través de un comunicado en redes sociales.
USD 3 millones por un cargo en el Senae
El 15 de septiembre de 2021, el denominado caso Danubio se inició con una llamada a la línea 1800-Delito. Una mujer, identificada con el nombre de Andrea Medina, denunció que se acercó a las oficinas del Servicio Nacional de Aduana (Senae), en Quito. La mujer buscaba trabajo y quiso dejar una carpeta con su hoja de vida.
Pero dos funcionarios le solicitaron USD 4.000 a cambio del puesto. Desde ese día, los agentes de la Policía y de la Fiscalía empezaron a rastrear lo que pasaba en la Aduana. Se encontraron con una presunta estructura más grande, que involucraría a las altas esferas del Ejecutivo. En agosto de 2021, un mes antes de lo ocurrido con la denuncia de Medina, Carola Ríos, directora del Senae, y su equipo de trabajo recorrieron Chimborazo.
Allí se reunieron con dirigentes sociales y uno de ellos fue el representante de Campesinos e Indígenas Libres de la Sierra Central, Juan Aucancela. Al igual que García, Aucancela es otro de los procesados en el caso Danubio. Según las investigaciones, Aucancela se acercó a María Antonieta R., asesora de Ríos, y le ofreció dinero a cambio de incorporar personal al equipo del Senae.
El líder indígena buscaba el puesto de la Subdirección General de Operaciones de Aduana y el monto de la compra era USD 3 millones. En su declaración a la Fiscalía, María Antonia R., al momento dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, dijo que le contó lo sucedido a la directora del Senae, Ríos.
Ríos le habría indicado a su subalterna que fingiera interés en esa transacción y que propicie la reunión solicitada por Aucancela para recopilar pruebas.
Funcionaria es clave en la investigación
En octubre de 2021, Aucancela acudió a una cita en las oficinas del Senae en Guayaquil. Esa cita ya fue monitoreada por la Policía Nacional. Además, María Antonieta R. la grabó a pedido de su jefa.
Ese día, el dirigente le entregó a la asesora la carpeta de Sergio Peña, el postulante para la Subdirección General de Operaciones de Aduana, y otro de los procesados del caso Danubio.
A partir de ese momento, María Antonieta R. empezó a recibir mensajes de Aucancela, Peña y Ronny Cabrera, otro de los procesados. Incluso, el 18 de octubre de 2021, Aucancela le pidió que coordinara una reunión entre la directora del Senae con los delegados de Juan José Pons y Guido Chiriboga.
Ella se negó y le pidió que lo hiciera a través del despacho, pero esa cita nunca se concretó. Según la declaración libre y voluntaria de María Antonieta R., ella conoce a Juan José Pons y a su hijo: entre 2004 y 2014 trabajaron juntos en la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei).
‘Inversionistas’ ponían dinero para coimas
Con base en las decenas de llamadas interceptadas y meses de seguimientos a los sospechosos, la Policía Nacional determinó el presunto modo de operar de esta estructura criminal. Por un lado, está Richard García que presuntamente hablaba con Pons y Chiriboga; y Juan Aucancela, quien accedió a Carola Ríos a través de su asesora. Según un parte policial, ellos tenían un cierto nivel de influencia política para ubicar los puestos que querían captar.
Luego aparece Marcos Leiva, conocido con el alias de ‘Corco’, que se encarga de ubicar a los interesados en los puestos como Sergio Peña. Según las llamadas, Peña no solo estaba buscando la dirección del Senae, sino que la organización golpeó varias puertas en distintas entidades públicas para ubicarlo. El problema era que Peña no tenía el dinero para pagar los sobornos a cambio de su puesto.
La ‘inversión’ se devolvería con favores, una vez que Peña se posesionara en el cargo. A estas personas se suman otras como Jhon Salas, quien conversaba directamente con Peña como emisario de García y de Aucancela. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2021, Peña llama a Salas y le dijo que le escriba de urgencia a Aucancela. Supuestamente en ese momento, Richard García estaba reunido con Pons y estaban llamando a María Antonieta R., pero no contestaba. Cinco días después, ‘Corco’ le dice a Peña que habría que poner otros USD 2.000 para seguir en el proceso. También le asegura que estarían trabajando con ‘Juan José’, quien es más amigo del Presidente que ‘Guido’.
Fuente: Primicias – Nota original: LINK
