El proceso por delincuencia organizada que se investiga contra los hermanos Bucaram Pulley, los hermanos Salcedo Bonilla y ocho personas más por la venta ilegal de insumos médicos pasa a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Así lo confirmó ayer el juez Ronald Guerrero, quien consultó a la Presidencia si Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gozaba de fuero de corte, pues la Fiscalía pidió vincularlo en el caso.
Juan Sebastián Roldán, en calidad de Secretario General de Gabinete de la República, de manera textual respondió lo siguiente: “Informo que el señor Víctor Paúl Granda López, desde el 24 de mayo del 2017, hasta el 04 de mayo del 2020, fue parte del Gabinete Presidencial en razón de sus cargos como Ministro de Transporte y Obras Públicas; integrante del Consejo Sectorial respectivo, Secretario Nacional de la Gestión Política y en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del IESS, y a la vez integrante y presidente del Gabinete sectorial de lo social. En los encargos antes indicados mantuvo permanentemente su calidad de Ministro de Estado o funcionario con rango de tal, conforme lo dispone el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Judicial”.
El tipo penal de la investigación pasó de asociación ilícita, penada con cárcel de 3 a 5 años, a delincuencia organizada, de 5 a 7 años.
La fiscal Claudia Romero dijo que descubrió cómo estaría estructurada la organización que supuestamente favorecía a empresarios a través de convenios de pagos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, ambos del IESS. Detalló que los convenios iban de los $200.000 hasta un millón.
Fuente: El Universo – Nota Original: aquí
