A propósito de un allanamiento que se hizo a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Fiscalía General del Estado rechazó aparentes intentos de sectores políticos de “desinformar o tergiversar” respecto de la actuación de sus funcionarios.
“La Fiscalía y la Policía Nacional rechazan cualquier intento de desinformación o tergiversación sobre las actuaciones de sus funcionarios en el contexto de las diligencias investigativas, las que se llevan de manera reservada, así como el amedrentamiento dirigido a los servidores que participaron en el operativo del caso Ligados”, señala un comunicado divulgado por la Fiscalía este 26 de enero de 2025.
El viernes 24 de enero de 2025, las oficinas del CPCCS en Quito fueron allanadas por personal de la Fiscalía y Policía, como parte de una investigación por la presunción de delitos de usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sigue en contra de cuatro consejeros que aprobaron una resolución en la que ratificaron a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, interpretando una sentencia de la Corte Constitucional (CC).
La denuncia la presentó Roberto Romero von Buchwald -designado el 4 de diciembre de 2024, como autoridad de la Superintendencia de Bancos de una terna enviada por el mandatario Daniel Noboa Azín- en contra de los vocales Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López, Yadira Saltos Rivas y Eduardo Franco Loor, que ratificaron a González.
Los consejeros Andrés Fantoni Baldeón, presidente, y Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez votaron en contra.
Dos días después de esta sesión, el viernes último, fiscales y policías subieron a varios de los pisos de la institución, entre ellos, al cuarto e ingresaron a la oficina del consejero Augusto Verduga para recabar indicios en esta investigación a la que bautizaron como el caso Ligados.
La llamaron así porque tres de ellos -excepto Nicole Bonifaz- son afines al movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por Rafael Correa, quien hizo campaña electoral por sus candidaturas en el 2023 con el mote de la ‘liga azul’.
Mientras Verduga escuchaba a un funcionario decir las instrucciones del operativo y que le entregara su celular, una mujer que se encontraba detrás (de Verduga) le sacó el celular de su bolsillo del pantalón.
Verduga se sorprendió, se lo quitó y empezó un forcejeo con los funcionarios judiciales, según se observa en imágenes difundidas por la cadena televisiva Ecuavisa.
La Fiscalía indicó en su comunicado que el allanamiento se hace con una orden emitida por un juez para obtener elementos necesarios para determinar posibles irresponsabilidades ante la denuncia de un delito.
Y que los amedrentamientos a sus servidores provendrían de grupos “con gran cantidad de recursos económicos invertidos en redes sociales, que buscan desacreditar”.
Fuente: El Universo – Nota original
